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Mirna Jiménez
@Diario Co Latino
La última resolución de advertencia dictada por el juez 7o de instrucción, ailment Miguel Ángel García, discount para que se incluya el delito de lavado de dinero en el caso del expresidente de la república, find Francisco Flores, pone esperanzas de que la posible malversación de alrededor de 10 millones de dólares donados por Taiwán para el país, no quede en la impunidad, consideran el grupo de querellantes de diferentes organizaciones.
“La responsabilidad de todo juzgador que va a modificar un delito es darlo a conocer con la debida anticipación, para que la otra parte prepare su defensa. Si bien esto es una advertencia, lo que está diciendo el juez prácticamente es que los elementos que él tiene y que constan en el proceso, ahora incluido el informe de la Asamblea Legislativa, la entrevista a diputados, son elementos no tanto de enriquecimiento ilícito, sino típicos para el delito de lavado de dinero y activos”, explicó Ramón Villalta, de Iniciativa Social para la Democracia (ISD).
No obstante, aclaró Villalta que el momento específico en que se procede a la modificación es hasta la celebración de la audiencia preliminar.
En este caso, sería hasta el próximo mes de mayo que se realice la audiencia. Con la mencionada resolución queda claro que existen los elementos para incluir el delito de lavado de dinero y que la tesis que ellos tenían era correcta.
Villalta dijo que se han girado instrucciones a Costa Rica para que se proceda a la entrega de otro tipo de documentación que incluye a personas relacionadas con este caso y que se pueda enriquecer la documentación de este proceso.
Los abogados consideran que el nuevo juez de la causa está respondiendo y que hoy sí confían en la administración de la justicia, que el juez 7o de instrucción está haciendo lo que no hizo el anterior juez 1o. de Instrucción, Levis Italmir Orellana, y está cumpliendo con lo que la ley le manda.
La Corte Suprema de Justicia separó del caso al juez Italmir Orellana, quien se había abierto expediente contra querellantes del proceso e incluso se enfrascó en una polémica legal con el procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, David Morales.
El procurador había pedido a Orellana que explicara el marco constitucional y legal en que éste último se había basado para abrir un expediente contra tres querellantes, luego que divulgaran algunos pormenores incluidos en los documentos del proceso judicial.
Orellana abrió un proceso sancionatorio contra René Landaverde Hernández, María Teresa Medrano y Berta María De León, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho, FESPAD e ISD. Además de quitarle el caso, la Corte Suprema sancionó por tres días al juez Italmir Orellana.
La Corte informó que tomó la decisión con el fin de “evitar que la conducta demostrada por el juez de dicho proceso incida negativamente en los derechos y garantías constitucionales aplicables durante la etapa en que se encuentra el juicio”.
Hasta hace unos días, el exmandatario, a quien se le sigue un proceso judicial por el extravió de $10 millones de dólares de la cooperación taiwanesa, solamente le habían imputado el delito de peculado y enriquecimiento ilícito y desobediencia, que tienen castigos leves.
No obstante al incorporar el lavado puede darse incluso con los destinatarios de los fondos, dijeron.
El juez García basa su resolución de modificación en la jurisprudencia de la Sala de lo Constitucional de la CSJ, que destaca que si un juez lo considera pertinente puede hacer cambios.
“Esto no debe de interpretarse como que es una sugerencia, no, este es el procedimiento. Así es y esperemos que para la audiencia preliminar Francisco Flores Pérez esté siendo juzgado por el delito de lavado de dinero tal como nosotros habíamos estado solicitando”, recalcó Villalta.
Los querellantes también resaltaron la importancia y la colaboración del expresidente Mauricio Funes en el caso, quién fue llamado a declarar.
“Él confirmó la existencia del informe de la cooperación taiwanesa, confirmó aquellos proyectos que no habían sido ejecutados, que él había solicitado a cancillería, también evitó hablar sobre el ROS porque había recibido una carta por parte del Fiscal General de la República, para que no lo hiciera.
“Hay aspectos más de detalles que declaró, pero debido a la confidencialidad con la cual había sido citado, no podemos nosotros estar mencionando, y esperamos que se incorporen a las pruebas; solo quedan dos meses de instrucción”, manifestó por su parte Óscar Campos, del ISD.
Los abogados dijeron que todavía esperan que el fiscal general Luis Martínez cumpla con lo que la ley manda. Los querellantes consideran que está funcionando una parte de la administración de justicia, pero no ven que el fiscal cumpla.
