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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
En un Estado democrático se supone que las personas tenemos derechos, entre ellos la presunción de inocencia y a la defensa jurídica, ya sea que la pague el acusado o el Estado. De ahí una de las razones de ser de la Procuraduría General de la República.
En el actual Estado de Excepción cabe preguntarse: ¿Existe la presunción de inocencia y la defensa jurídica? Y de ahí surge la pregunta: sean culpables o inocentes, ¿quién defiende a los presos del régimen de excepción?
En redes sociales las autoridades informan de personas capturadas bajo el régimen de excepción, e invariablemente sostienen que son culpables sin demostrarse jurídicamente que en efecto lo son; en las mismas redes también abundan versiones de familiares que sostienen que sus parientes son inocentes y que, en el peor de los casos, desconocen el paradero de un familiar capturado bajo este régimen.
En una de esas notas se lee que, desde el norte de California (EEUU), familiares piden ayuda para encontrar a Claribel Stephani Barrientos García, detenida el 26 de abril a las 6.45 am, y que su madre, Morena García, quince días después, no logra conocer el lugar en el que la tienen detenida.
Reportes de radio y prensa ilustran las colas de mujeres en los alrededores de los centros penales, buscando a sus familiares detenidos o información de dónde se encuentran, incluso permanecen día y noche y se alimentan de la caridad de vecinos y personas de buen corazón.
¡Cuántos dramas de estos se repiten día con día, hora tras hora!, cuando se está llegando a 30 mil personas capturadas.
Aun cuando exista una ley, que le sirve al gobierno para capturar, también existen normas internacionales vigentes en el país y con rango superior que otorgan garantías judiciales.
Estas garantías están siendo ignoradas por los jueces, policías y fiscales. En ellas se establece que: “Toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad”.
Las decenas de miles de salvadoreños y salvadoreñas capturadas tienen este derecho y uno se pregunta ¿Quién lo hace valer?
La Convención Americana sobre derechos humanos, deja clara la obligación de los Estados a no someter a sus habitantes a detenciones arbitrarias, a que toda persona sea debidamente informada de las causas de su detención, a contar con los medios adecuados para su defensa, a recurrir sobre un fallo que le afecte.
La guerra contra la verdad, la imposición del temor colectivo y la manipulación, está llevando a nuestra sociedad a que se tolere, sin protestar, el cometimiento de injusticias por parte de las entidades de gobierno y a que se dé por cierto lo que se afirma en una cuenta de cualquier red social del presidente.
Antes se acostumbró a descubrir los cementerios clandestinos en las ciudades como Chalchuapa, Colón o Nuevo Cuscatlán, o a convivir con la extorción y otros delitos, guardar silencio sospechando que existe un pacto entre el gobierno y las pandillas y que de nada sirve quejarse ante autoridades cómplices.
Ese giro inexplicable de presumir que éramos el país más seguro, a la repentina ocurrencia de asesinatos, y luego al establecimiento de un régimen especial que despoja a toda la gente de sus garantías jurídicas y bajo las cuales se captura a pandilleros, pero también a supuestos pandilleros y a personas que no tienen vínculos con esas estructuras, deja mucho de sospecha.
Aclara, sí, la incapacidad del gobierno de proveer a la sociedad de seguridad bajo el uso correcto de la ley.
Realmente vivimos una situación en la que se libera a unos criminales requeridos por la justicia en EEUU, y se captura a otros pandilleros y a trabajadores, a luchadores sociales y se les presenta igual que si fueran el peor de los pandilleros.
La libertad es un derecho del que se priva a decenas de miles de personas. Si algunos de los capturados son delincuentes, y tenían la información de ellos, por qué no les aplicaron la ley antes. ¿Tuvieron que esperar la pérdida de vidas y una suspensión de garantías constitucionales?
Inocentes muriendo, sufriendo vejámenes, condenados socialmente y familiares sufriendo en silencio, es parte del proceso de afirmación de una dictadura que en pocos días abogará por la “reelección” presidencial.
Algo debe hacerse para defender a las víctimas del régimen de excepción. Más aun cuando está alcanzando a inocentes que nada tienen que ver con el supuesto objeto de “la guerra” del gobierno contra las pandillas.
Las instituciones obligadas a promover los derechos humanos deben pronunciarse ante lo que ocurre; la Procuraduría General de la República, que está obligada a garantizar la defensa de cualquier acusado, debe declarar su insuficiencia ante tanta gente necesitada y los jueces y magistrados tienen la mayor carga, o hacen justicia o se convierten en verdugos del pueblo y serviles del poder en turno.
Algo debe ocurrir para romper el silencio, la complicidad, la resignación, y el sometimiento del sistema judicial; para romper la pesadilla que padece nuestra Patria antes de convertir a todo el territorio en un enorme campo de concentración, en una cárcel para el pueblo y paraíso de delincuentes de cuello blanco.
Clamo por el principio de presunción de inocencia, por el derecho a la defensa y a la justicia imparcial, solo así los presos de este régimen de excepción, culpables o inocentes, podrán tener procesos judiciales correctos y hasta demandar indemnización quienes han sido capturados sin motivos reales, esos que reconocen fueron capturados por “error”.
