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Víctor Manuel Valle Monterrosa
Dicen las noticias conocidas el 15 de diciembre de 2022, unos días antes de la esperada y no, por todos, gozada nochebuena, que tres hombres murieron cuando se disponían a limpiar un tanque.
Esas víctimas del subdesarrollo eran Jaime Pérez Díaz, de 43 años; Douglas Pérez, de 17 años, hijo de Jaime, y Mauricio Rivera García, de 22 años. Ellos murieron el 14 diciembre, muy temprano de la mañana, en el Cantón Quitasol, Tejutla, Chalatenango.
En la célebre obra teatral Fuenteovejuna, de Félix Lope de Vega, aparece una línea que se refiere a la muerte que dan los habitantes de Fuenteovejuna a un Comendador, especie de jefe político, por abusador. El asesinato fue de responsabilidad colectiva y, por lo tanto, se tornó, como dicen los abogados, inimputable. Nadie fue condenado, pues la sentencia, según el drama de Lope de Vega, se basó en la frase: “¿Quién mató al Comendador? Fuenteovejuna, señor”?
Parafraseando esa frase podría decirse sobre la noticia en comento: “¿Quién mató a los 3 de Quitasol? El subdesarrollo, señor.”
Los ahora fallecidos eran albañiles. Salieron de madrugada a limpiar un tanque. ¿Quién los habrá contratado? ¿Con que régimen salarial desempeñaban su trabajo? ¿Qué normativa regula las contrataciones de esa naturaleza y quién vigila su cumplimiento? Si no hay respuestas claras a esas preguntas estamos en un régimen laboral subdesarrollado.
Según se ve en las fotografías de las noticias, los 3 intentaron el ingreso al tanque que debían limpiar, por un agujero de muy poco diámetro. El tanque es un espacio cerrado donde el agua estancada, debido a un proceso químico natural, había devenido gases tóxicos. ¿Qué medidas preventivas y de protección se deben tomar para ese tipo de labores? ¿Qué normativa regula esas operaciones de riesgo y de condiciones precarias? Si no hay respuesta clara a esas preguntas, estamos frente a una expresión de subdesarrollo rampante.
Como se sabe, los 3 humildes trabajadores fallecieron, por el gas acumulado, por su desprotección social y por su pobreza. ¿Qué seguridad social hay para protección futura de sus familias? ¡A quién hay que pedirle cuentas por estos homicidios? ¿Quién analiza estos casos y actúa para evitar, en el futuro este tipo de riesgos? La no respuesta a estas preguntas nos lleva a concluir que hay una gran deuda social y enorme desprotección en perjuicio de las mayorías.
El ex presidente de Estados Unidos, George Bush hijo, el 2002, impulsó una ley titulada “Ningún Niño Se quede atrás” (No Child Left Behind). Un año después, el mismo presidente, impulsó la guerra contra Iraq basado, lo cual fue comprobado después como falso, en la posesión de armas de destrucción masiva por parte de Iraq. Seguramente, muchos niños murieron en esa guerra.
Desde entonces, Tirios y Troyanos comenzaron a insertar en sus discursos políticos la famosa frase, para mostrar decisión de abordar soluciones a problemas sociales de beneficio para todos, sin exclusiones. Siempre queda la duda si la frase retórica se concreta en acciones que beneficien a todos, principalmente a los de abajo, a los que siempre son dejados atrás.
Por eso, un caso como el de los 3 de Quitasol, debe llamar a reflexión de parte de las dirigencias políticas, económicas y sociales, de El Salvador, sobre todo, para tornar las preguntas esbozadas en este escrito como incógnitas a despejar. Ningún humano se quede atrás, debe ser la consigna. No tomar nota de eso, ni actuar en esa dirección, daría pie para creer que hay aporofobia cultural (aversión a los pobres) e insensibilidad política hacia los verdaderos problemas.
Vencer esos lastres sociales es requisito sine qua non para salir del subdesarrollo largamente incubado y consolidado.
