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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Sin duda, pilule de las comisiones que cada cotizante paga a las Asociaciones de Fondos de Pensiones(AFP), de las jugosas utilidades que de ellas se han obtenido desde 1998 se han de pagar los sitios Web, los voceros, las publicaciones y toda la campaña terrorífica que han lanzado buscando implantar en la mente de la gente una idea totalmente falsa, mentirosa que encubre la realidad de la privatización: la idea de que “el gobierno piensa robarse los fondos de pensiones”. Vamos a demostrar quien sí mete la mano mes a mes a las cotizaciones.
En la ley de privatización que aprobaron en 1996 y aplicaron desde 1998, le dejaron al Estado la obligación de pagar en el futuro y de modo sobrevaluado, la deuda que ya arrastraba el sistema anterior: 7,745 millones de dólares para responder a 592,526 afiliados que a ese momento tenía el sistema.
Las reservas técnicas que eran apenas 338 millones se las terminaron antes del 2001, o sea 2 años y medio después, y para pagar parte de aquella deuda emitieron eurobonos por 1,323 millones de dólares. Sumemos esta nueva deuda en contra del Estado.
Cuando en 2003 los que se pensionaban, recibían pensiones más bajas que las que se pagaban con el anterior sistema, Francisco Flores inventó un Certificado Complementario de traspaso para equiparar pensiones, una tercera deuda contra el Estado, a la cual el gobierno de Arena, en tiempos de Antonio Saca agregó el Decreto 100 que otorgó beneficios a personas con más alta remuneración y equiparó los beneficios de trabajadores del sector privado a los del sector público sin que tuvieran las mismas tazas de cotización; esto agrandó la deuda según datos oficiales en 7,500 millones. Ya llevamos una cuarta fuente de la deuda, todas otorgadas por ley, sin tener establecido ingreso alguno para honrarla.
La ley privatizadora de 1996 estableció además que las pensiones mínimas las pagará el Estado cuando el ahorro del cotizante sea insuficiente para que se paguen con su propia cotización. Para tener una idea de semejante obligación hay que traer a cuenta que más del 78% de todas las personas pensionadas tienen únicamente su pensión mínima (hoy $207.60).
Cuando en 2005 vieron que ya no tenían como pagar deuda por los certificados de traspaso de las personas que van llegando a la edad de jubilarse, ni préstamos con eurobonos, y que las obligaciones alcanzaban más de 400 millones de dólares al año, el gobierno de Arena y los diputados de Arena inventaron el Fideicomiso de Obligaciones Previsionales (FOP), que no es otra cosa que el modo indefinido de seguir agregando más deuda a la deuda ya existente y que consiste en la obligación del fondo de pensiones, de prestar al Estado para pagar las pensiones, por lo cual el Estado debe pagar lo prestado más intereses (libor más 0.75 dice la ley que votaron sin el FMLN).
Ese modo de hacer frente al pago de las pensiones a más de 60 mil personas, se hizo una deuda creciente, una real bola de nieve, una deuda indeterminada, una obligación legal sin respaldo de ingreso alguno y que según entendidos, sobrepasa ya los 24 mil millones de dólares que debemos pagar todos los salvadoreños independientemente de si tenemos trabajo o no, si estamos afiliados o no, o si cotizamos o no.
Esa realidad creada con la privatización que cerró ingresos al Estado, pero le estableció obligaciones que todas se convierten en deuda, permite estimar a quien haga un análisis serio de la problemática, que en breve plazo no habría como pagar a los pensionados su mensualidad; pero mientras tanto las AFP han recibido de cada cotización un porcentaje oneroso que oscila entre 35% y 17% de lo cotizado. Eso les permite tener jugosas ganancias cada mes y cada año, son los únicos ganadores en ese macabro juego privatizador.
El Ministerio de Hacienda hizo su primer transferencia a las AFP por 75 millones de dólares en 1998 y en 2013 les transfirió más de 442 millones. Del Estado egresan fondos para el pago en intereses y las pensiones mínimas, y solo ingresan deudas. Este es el fondo de la mentira criminal cuando se dice que el Gobierno se quiere apropiar del dinero de los trabajadores.
Se oponen a cualquier reforma que evite el colapso y toque un ápice de sus ganancias, que oscila entre 10 y 12 millones de dólares cada año, para cada empresa. Con ese modo de hacer empresa oligopólica y obtener ganancia por ley, cualquier regalía o campaña sucia se entiende, aunque jamás podrá justificarse.
