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Lic. José María Barrera Lemus
02122015
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Luego de múltiples debates en la Asamblea Legislativa, treat se aprobó finalmente el Impuesto a la Telefonía para la Seguridad o de “Contribución Especial” como ha dado en llamarle el Gobierno.
El impuesto o contribución especial, viagra fue aprobado por la Asamblea, el 29 de octubre pasado, reduciéndolo del 10% al 5%, con el propósito de suavizar el bolsillo de los ciudadanos, a la vez que se ha exigido por Ley, la reducción del mismo margen a las compañías telefónicas en razón de equipararlo; de tal forma que al reducir el valor del minuto o del consumo mensual, se estaría compensando el incremento que directamente pagamos al momento de comprar el servicio, sin que el usuario tenga que pagar más por el servicio contratado.
De acuerdo a la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones -SIGET, al reducir sus tarifas se estaría logrando en términos teóricos una neutralización que terminaría en la recaudación de 100 millones de dólares anuales para “Fortalecer el sistema de seguridad y proyectos complementarios”. El problema es que hasta el momento ni el gobierno ni las compañías telefónicas se han pronunciado por demostrar la funcionabilidad de dicha ecuación y el impuesto ya se comenzó a cobrar en el servicio prepago, en un ambiente de desconfianza y discusiones entre proveedores y usuarios, que ha dado origen a la suspensión de la venta, sin menoscabo de lo que las compañías han comenzado a realizar a partir de aprobado el Decreto.
Exactamente un día después que se aprobó el Decreto Legislativo, las compañías, cerraron sus puertas a toda promoción “gratuita”, de las que antes de ponerse en vigencia la Ley, ofrecía; dobles, triples y cuádruples saldos, llamadas gratuitas o bajo precio a Estados Unidos y Canadá y otras. Han despedido personal, han reducido las ganancias a los vendedores finales y sobre todo, han incrementado el valor del minuto, en lugar de reducirlo, tal y como lo estipula la Ley, obligando a los usuarios a consumir más de lo usualmente presupuestado. Sobre estas acciones arbitrarias, ninguna compañía ha dado mayor información, evidenciando de esta manera, su rechazo a la medida adoptada por el Gobierno, en contra de sus intereses mezquinos.
Según comentarios de algunos usuarios de servicio prepago, que ya comenzaron a sentir el incremento, por cada dólar ($1.00) que se compra de saldo hay que entregar al proveedor un dólar con cinco centavos, ($1.05); sin embargo, en algunos lugares, cuando se compran recargas de tres dólares ($3.00), el impuesto que le exigen al consumidor es de veinticinco centavos ($0.25). En otros lugares, los proveedores aprovechándose de la confusión y de la necesidad de los consumidores se han dado a la tarea de realizar cobros de hasta diez centavos por cada dólar ($0.10), tal y como aparece en algunos medios.
Al hacer una valoración de la forma adoptada por las compañías telefónicas, tal parece que es el usuario quien terminará pagando la contribución, lo cual no es coherente con lo establecido en la Ley, pues de lo que se trata es de mantener el precio a los consumidores. En todo caso, el impuesto deberán pagarlo las compañías, en razón de la variación de precios por minuto que les fue ordenada por la SIGET, el cual como se mencionó arriba, lo han elevado en lugar de reducirlo.
Aplicando este procedimiento, que me parece es el correcto, se evitaría la manipulación del cobro por algunos proveedores que aprovechándose de la confusión, también quieran llevar agua para su propio molino, como siempre ha sucedido en el país. Son las compañías telefónicas las únicas responsables de reportar al Gobierno, dicha contribución, porque la única manera de controlar el cobro de impuestos es mediante la deducción del mismo en cada servicio que se adquiera por parte de las compañías.
Según comentarios vertidos por funcionarios del Gobierno, en las últimas horas, los usuarios deben estar tranquilos, pues no pagarán más de lo que está establecido en la Ley. Si una persona compra un dólar de saldo, un dólar de saldo recibirá y así sucesivamente con otros montos. Caso contrario deberá llamar al 910 de la Defensoría del Consumidor para demandar a quienes continúen infringiendo la Ley.
En los casos de servicios pospago, el cobro operaría de la misma forma, solamente que el cobro si se verá reflejado en las facturas. Esto es así lógicamente, a menos que se nos explique y fundamente lo contrario. Habrá que esperar al final del mes, para conocer el incremento en las facturas de los servicios pos pago.
Todo lo anterior, provocado por las compañías telefónicas intencionalmente, ha comenzado a generar malestar en la población, a tal grado de criticar al actual Gobierno por su ineficacia en la aplicación de tal medida, hasta que el Gobierno y las Telefónicas, no definan el procedimiento. Otra causa que le atribuyen al Gobierno es el hecho de no haber incorporado un sistema de auditoria en cada una de las compañías, sin darse cuenta (la población), que los culpables de tanto embrollo son los mismos empresarios de las telefónicas, que sin mediar palabra continúan haciendo de las suyas, como lo han venido haciendo siempre, tomando decisiones internas de forma arbitraria en aquello que les beneficia, para hacer pensar que es la medida del Gobierno la causante de todo.
¿Qué debemos hacer entonces?
Como buenos salvadoreños, no podemos más que pronunciarnos ante todos los medios posibles, como se ha comenzado a ver por los diferentes medios periodísticos y televisivos pidiendo una revisión exhaustiva de la Ley y propiciando una auditoría a las empresas para verificar como estaban antes del Decreto y como se encuentran ahora a fin de garantizar transparencia y tranquilidad a la población.
Si esto no es posible porque no depende directamente de nosotros, lo mejor será dejar de consumir estos servicios hasta donde sea posible. -Nadie se ha muerto por no poder hablar-Recuerden que el arma más poderosa de todo ser humano libre es su propia decisión. Imagine por un momento que si cada uno de los siete millones de habitantes redujera el consumo por un día al menos a un dólar por un día, cuánto estarían dejando de percibir las compañías solamente por un día. Por lo tanto, la solución al problema está en nuestras manos.
Sobre la decisión que tomemos ahora, dependerá el resultado de algo que nos llevará al ordenamiento y al Bien Estar.
Hagamos uso de nuestro derecho
¡No al consumismo!
¡No a la privatización telefónica!
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