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Por Leonel Herrera*
Desde que fueron arbitrariamente detenidos los líderes ambientalistas de Cabañas denunciamos que el trasfondo de este injusto proceso judicial era la intención gubernamental de revertir la prohibición de la minería metálica.
La denuncia se basaba en que las capturas de los activistas antimineros se realizaron justo después de que Santa Marta y ADES alertaron al país sobre las claras señales de la posible reactivación de los proyectos extractivos. Esto, más la falta de pruebas que hemos mencionado tantas veces, mostraba que la acusación fiscal era una represalia por hacer dicha denuncia.
Por eso, desde entonces, advertimos que se trataba de una criminalización del activismo ambiental para perseguir judicialmente a opositores de la explotación minera. Además, señalamos que era una burda instrumentalización de la justicia restaurativa y transicional.
El anuncio presidencial a finales de noviembre y la aprobación de la nueva ley minera el 23 de diciembre son la confirmación contundente de que la razón para enjuiciar a los defensores ambientales no era investigar un supuesto delito de la guerra, sino apartarlos del camino para avanzar con los proyectos mineros.
Hoy resulta interesante responder a la pregunta sobre quiénes son los que están detrás de la derogación de la prohibición de la minería y van tras los recursos minerales del país y que, por tanto, serían los autores intelectuales de la persecución contra los activistas ambientales de Santa Marta y ADES.
Al principio de este debate se especuló si las antiguas empresas mineras habían regresado o si realmente nunca se fueron: Pacific Rim/Oceana Gold, Commerce Group, Martinique Minerals y otras a las que en el pasado les fueron negados los permisos para explotar oro, plata y otros metales del subsuelo nacional.
También se planteó la posibilidad de que fueran empresas chinas, dado que el gobierno salvadoreño podía ofrecer la apertura del sector minero como contrapartida en la negociación secreta del acuerdo comercial con la potencia asiática.
Sin embargo, y sin descartar las dos posibilidades anteriores, la evidencia periodística apunta en otra dirección. En julio de 2023, la Revista Elementos reveló que detrás de la posible reactivación minera está la empresa Titán Resources Unlimited.
La investigación fue realizada por tres equipos periodísticos en El Salvador, Honduras y Perú. También fue publicada por el medio digital Voz Pública y retomada por otros medios informativos, entre ellos Diario Colatino.
https://www.diariocolatino.com/empresas-mineras-regresan-al-pais-a-pesar-de-prohibicion-legal/
La investigación periodística revela que las sociedades Tombstone Company (que después se llamó Nueva Esperanza) y Agrícola San José están vinculadas a Titan Resources Limited, transnacional asentada en Estado Unidos y con sucursales en Honduras y Perú, dedicada a la extracción de oro, plata y otros metales.
El representante de Titán en Centroamérica es el empresario estadounidense Blane William Wilson, quien -junto al hondureño Víctor Samuel Wilson Canessa- es dueño de Nueva Esperanza (antes Tombstone Company).
Revista Elementos encontró que Tombstone Company ha realizado préstamos a Agrícola San José y que ambas entidades comparten su sede en San Salvador. Las dos instancias también son financiadas por el Banco Atlántida, que prestó el dinero a Agrícola San José para comprar terrenos con potencial minero en Cabañas y tiene el poder sobre las hipotecas de dichas propiedades.
Vale decir que los principales accionistas de Banco Atlántida son empresarios hondureños con fuerte presencia en El Salvador y cercanos al actual gobierno.
En su acta de constitución, Tombstone Company declara que sus actividades tienen que ver con la elaboración de estudios geológicos, análisis de suelos, consultorías en todas las ramas de la geología y construcción de todo tipo.
También afirma que sus estudios incluyen la descripción de las condiciones del sitio, investigación de la superficie, mapa geológico general con base topográfica, detalles de los procesos geomorfológicos, análisis de laboratorio, entre otros.
En 2022 declaró al Ministerio de Hacienda que había invertido 69,078 dólares en la construcción de reservorios, 27,666 dólares en la construcción de invernaderos y 19,833 dólares en agricultura.
Blane William Wilson, representante de Titan Resources Limited, es también presidente de la transnacional Fire River Gold Corp, registrada en Canadá y Estados Unidos y dedicada a la exploración y explotación de metales preciosos.
Ahora bien, ¿qué motiva a Nayib Bukele a no desistir de la reactivación minera a pesar del amplio rechazo social y del costo político que podría significar el inicio del fin de su régimen autoritario? ¿Habrá negociado porcentajes bajo la mesa, como ha sugerido Luis Parada, el ex abogado defensor del Estado salvadoreño frente a las demandas de las empresas mineras en el CIADI? ¿Bukele y su clan familiar piensan involucrarse directamente en el negocio extractivista?
Éstas son preguntas que necesitan respuestas concretas. Ojalá el periodismo investigativo esté ya en esta tarea necesaria.
*Periodista, analista y activista ambiental.
