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Aún y cuando los llamados medios grandes de la comunicación no han hecho eco a las filtraciones de recibos de la Secretaría Privada de la Presidencia de los Gobierno de ARENA de Antonio Elías Saca y Francisco Flores, a la derecha le ha asustado que los “medios pequeños” y las redes sociales hayan servido de plataforma para difundir la información.
Gracias a esos medios y a las redes sociales, la ciudadanía ha conocido que actuales diputados de ARENA como Margarita Escobar, Rodrigo Ávila y Ana Vilma de Escobar hayan recibido sendas cantidades de dólares mensuales en calidad de “bonos especiales”.
La ex vicepresidenta de la República Ana Vilma de Escobar, según las redes sociales, recibía mensualmente, además de su salario, $25,000 en concepto de “bono especial”.
Margarita Escobar, quien fue viceministra en el último Gobierno de ARENA, recibía de forma extraordinaria y mensualmente $7,000. Escobar, quien era una de las voceras de ARENA en su ataque contra los Gobiernos del FMLN, a los que ha acusado de “despilfarradores”, justificó que el “bono especial” “fueron dados en base a la idoneidad del cargo”.
A la diputada Escobar se le olvida que por esa “idoneidad” fue nombrada en el cargo, con un salario estipulado por ley en cumplimiento del perfil del puesto.
Luego han salido otros personajes mencionados como el empresario Luis Cardenal, el actual presidente de la ANEP, quien recibía 10 mil dólares mensuales, así como Luis Mario Rodríguez, hoy de FUSADES, quien recibía 11 mil dólares mensuales en concepto de “bonos especiales”.
Con semejantes evidencias, lo lógico era que se promoviera en la Corte Suprema de Justicia, a través de Probidad, investigar a todos los personajes vinculados con los “bonos especiales”.
Lo curioso es que, la Corte Suprema de Justicia ordenó que se investigara a todos los funcionarios del Gobierno del Ex presidente Mauricio Funes, incluido el Parlacen y el Tribunal Supremo Electoral de ese tiempo.
Pareciera que a la derecha, principalmente al partido ARENA, lo que le interesa es mantener entretenido al departamento de Probidad en la fiscalización de los ex funcionarios de Funes, muchos de los cuales son parte de este Gobierno, como el Presidente Salvador Sánchez Cerén, para evitar que se investiguen a los funcionarios de los gobiernos de ARENA, para que dichos casos prescriban, y de paso, mantener ante la opinión pública el tema de la corrupción y el despilfarro vinculado en los Gobierno del FMLN.
A la derecha no le importa que se investiguen los casos comprobados o con evidencias del despilfarro de la cosa pública, nada más busca mantenerlo ante la opinión pública pero con sesgo político, sesgo, en el que la Corte Suprema de Justicia tiene mucho que ver.
