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César Ramírez
@caralvasalvador
Helio Jaguaribe anotó en su artículo Experiencias y perspectivas del desarrollo: “La racionalidad pública es la racionalidad de tipo instrumental y de tipo interaccional, con la cual son adoptadas decisiones públicamente relevantes”. En términos mínimos se refiere a la previsión a mediano o largo plazo de las decisiones que convienen a la nación, independiente de la ideología del gobierno y la parte interaccional a la legitimidad proveniente del respaldo democrático en eventos de alternancia política. Estos temas clásicos en algunas naciones están acompañados del concepto “sostenibilidad”, es sorprendente que nuestra nación carece de criterios o leyes que nos permitan una proyección de esta naturaleza.
Mientras, José Antonio Crespo en su artículo Racionalidad política de la democracia (ESTUDIOS. filosofía-historia-letras Verano 1989): “la sociedad moderna ha sido definida en términos generales como aquella organizada de tal forma que pueda optimizar el aprovechamiento de sus recursos sociales y naturales y cumplir de la manera más eficaz las necesidades básicas de toda sociedad (los llamados requisitos universales). Es decir, la que adopta en sus procesos sociales la racionalidad como norma de funcionamiento. Evidentemente no se trata de una racionalidad vacía, constituida como un fin en sí mismo, sino más bien de la idea de adoptar los medios más adecuados para la consecución de ciertos fines últimos, que no son otros que los que los griegos adjudicaron al Estado; el logro del mayor bienestar para el mayor número posible de habitantes, o en otras palabras, el bien común en su más amplia acepción”.
Estos conceptos de racionalidad pública y política, difieren en una democracia por el discurso electoral, constitucional o el modelo de gobernación; es el caso de nuestra realidad interpretada en forma rampante por criterios constitucionales voluntaristas, que provocan conflictos innecesarios que concluyen en daños a la población en general a largo plazo, con una resultante económica, social, de seguridad pública que deteriora cualquier plan de gobierno a corto plazo como en los casos de: SITRAMSS, la medida cautelar contra los $900 millones en bonos, FONAT, calificación política de funcionarios públicos electos en instituciones nacionales, proceso electoral etc. Las interpretaciones constitucionales deben coincidir con el bien común, el buen vivir, la tolerancia entre ciudadanos, los objetivos estratégicos para superar la calidad de vida, pero esos criterios parecen ciencia ficción en nuestra realidad.
La lectura de la constante negación en la aprobación de préstamos para carreteras rurales, catástrofes nacionales, impuestos prediales, etc. coinciden en la pérdida de la racionalidad pública y política, porque se abandona al pueblo a su suerte, a la intemperie de la pobreza puesto que todos perdemos en todos los niveles.
Es importante que recuperemos la racionalidad pública y política en la interpretación de los proyectos a largo plazo, puesto que ellos son un seguro para las futuras generaciones, construyendo acuerdos de esa naturaleza, me parece que podemos avanzar como nación, incluso se impone que la Sala Constitucional elimine su errónea interpretación que solo daña a los ciudadanos de a pie, los trabajadores.
El diálogo es un mecanismo que no ha perdido su vigencia en tiempos difíciles, es hora de retomarlo.
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