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César Ramírez
@caralvasalvador
Hace algunos años en Diario Co Latino reseñé de Helio Jaguaribe fragmento de su artículo Experiencias y perspectivas del desarrollo: “La racionalidad pública es la racionalidad de tipo instrumental y de tipo interaccional, con la cual son adoptadas decisiones públicamente relevantes.” En términos mínimos se refiere a la previsión a mediano o largo plazo de las decisiones que convienen a la nación, independiente de la ideología del gobierno y la parte interaccional y la legitimidad proveniente del respaldo democrático en eventos de alternancia política. Estos temas clásicos en algunas naciones están acompañados del concepto “sostenibilidad”, es sorprendente que nuestra nación carece de criterios o leyes que nos permitan una proyección de esta naturaleza.
El concepto indicado es una condición necesaria para los siguientes años, para cualquier ejecución del Gasto Público, no escuchar las advertencias de los expertos como agregar o disminuir montos a la “inversión social” conduce a la nación hacia el sendero conocido del subdesarrollo, del cual no saldremos si la visión a corto plazo por los “réditos electorales” permanece como la bandera del corsario: “no se perdonará una vida, no se harán preguntas” puesto que las dificultades económicas están a “tiro de piedra”.
Las declaraciones de las parlamentarias Lorena Peña y Norma Guevara (10OCT017 C 33) ubican la realidad del presupuesto en un panorama dramático, que puede solucionarse con el diálogo entre las fuerzas legislativas, la cuales tienen las llaves para el funcionamiento del Estado.
En su intervención han señalado: “… la deuda pública es de 18% y tenemos nuevas obligaciones que por sentencia –aunque no tienen racionalidad económica– de la Sala Constitucional ha impuesto incluir: el IPSFA –institución autónoma– que su propia ley dice se financia con fondos propios, el gasto previsional que la Reforma tuvo que ser Ad hoc, que implica mayor gasto presupuestario, obligaciones que ya las tenemos como impuestas, y el otro tema: el costo previsional y de la deuda pública… limitan el presupuesto…”
Reforma de Pensiones nos ilustra sobre la lectura de las calificadoras internacionales en nuestra calidad de préstamos internacionales, al calificarnos de impago y luego corregir sus propias declaraciones, esa visión externa nos coloca en una posición difícil, comunicando a la comunidad internacional que tenemos una débil institucionalidad de racionalidad pública, no se anticipan ni las reformas, ni las políticas institucionales, ni los beneficios de una sociedad más equitativa, en pocas palabras se prefiere el subdesarrollo en todas sus formas materiales e incluso el “subdesarrollo mental” que es un vicio de los sectores autoritarios históricos.
Debemos destacar que los números del presupuesto son acciones sociales, son instrumentos que favorecen a los trabajadores, si se niegan los préstamos para carreteras, hospitales, seguridad, el daño es para la ciudadanía ¿Cuántas vidas se habrían salvado con mejores equipos para la fuerza de seguridad? ¿Escuelas, medicinas, etc.?
Oponerse a la aprobación de préstamos para el Estado por objetivos electorales demuestra el espíritu de las tiranías y la arbitrariedad, la mentalidad autoritaria se opone a toda modernización, a toda reforma, a la esencia de la democracia que es hacer el bien a la nación.
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