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La Paz / Prensa Latina
El racismo anti-indígena, del que hizo alarde en días pasados la presidenta golpista Jeanine Áñez, y la constante represión contra quienes discrepan del régimen, enturbian el clima de la próxima campaña electoral en Bolivia.
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó el viernes último para el 3 de mayo los nuevos comicios generales, anuncio que hizo abstracción del contexto que amplios sectores consideran carente de las condiciones democráticas necesarias para la justa electoral.
En un país de mayoría de población indígena, golpeada por el derrocamiento de su líder, Evo Morales, en noviembre pasado, la jefa del régimen golpista llamó a la unidad política contra el Movimiento al Socialismo (MAS), de Morales, para impedir ‘que los salvajes puedan volver al poder’.
Su propuesta de un bloque de ‘todos contra el MAS’ la hizo en una visita a la ciudad central de Sucre, capital histórica de Bolivia, el mismo día en que una encuesta privada verificó que el partido de Morales sigue siendo el primero en preferencias ciudadanas, pese a que aún no designa a su candidato y a la persecución que sufre.
El racismo de Áñez fue más allá y reivindicó los vergonzosos sucesos del 24 de mayo de 2008, durante una de los intentos derechistas para derrocar a Morales, cuando un grupo de indígenas andinos fueron afrentados al ser golpeados, obligados a marchar semidesnudos por las calles de Sucre, arrodillarse y besar el suelo.
Áñez rindió además homenaje y calificó de víctimas a la entonces gobernadora de Chuquisaca, el departamento del que es capital Sucre, Savina Cuéllar, y otros cabecillas de aquella acción, presentes en su discurso.
Áñez les rindió homenaje y los calificó de víctimas, alegando que aquellos sucesos fueron provocados por el gobierno del MAS.
El racismo anti-indígena fue una constante durante la campaña de desestabilización de Morales y se mantiene bajo el régimen golpista, junto a las acciones represivas e de intimidación contra los contrarios al régimen.
Casi todos los días dirigentes del MAS y de organizaciones sociales y exfuncionarios o colaboradores del gobierno de Morales, son acusados de sedición y terrorismo y en algunos casos de corrupción, y detenidos a pedido del gobierno, atendido prestamente por el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Hay además numerosos casos de simples ciudadanos que son reprimidos como subversivos, uno de ellos Alejandra Salinas, alumna dela Maestría en Estudios Feministas del Instituto de Ciencias del Desarrollo (Cides) de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz; detenida el 31 de diciembre y cuya libertad demandó el mencionado centro.
‘El Cides demanda a las autoridades correspondientes el irrestricto respeto a sus derechos y tomar en cuenta los riesgos que por la condición de género suelen implicarse en estos casos’, señaló un comunicado de la entidad.
Tres días antes de detención la joven anunció en sus redes de Internet que se retiraba de las mismas por ser víctima de acoso y persecución y por temor a atentados contra su vida y las de su familia.
Refirió que en noviembre pasado cuatro ‘pititas’ -grupos de de jóvenes de los sectores medios y altos, creados para el golpe- le arrebataron su teléfono móvil y que fue víctima de un intento de violación.
Además, indicó que un propagandista del régimen en Internet, Simón Dice, hizo públicos sus datos personales, como una invitación a actuar contra ella.
Entretanto, siguen impunes las matanzas de Sacaba y El Alto, en las que una veintena de manifestantes antigolpistas fueron muertos a mansalva por militares y policías al servicio del gobierno de Áñez.
