Por Álvaro Villalobos
Barcelona/AFP
El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, llamó este sábado a los independentistas catalanes a asumir que el 1 de octubre «no va a haber» referéndum, tras las enérgicas medidas emprendidas esta semana contra la consulta.
«Lo más sensato, lo más razonable y lo más democrático hoy es parar. Digan que no hay el referéndum que saben que no va a haber», clamó Rajoy desde Palma de Mallorca (este), en un acto de su formación conservadora, el Partido Popular (PP).
Según él, los líderes independentistas catalanes «son los responsables de lo que está sucediendo. Hoy saben además que el Estado de derecho ya impidió el referéndum, lo saben, son plenamente conscientes».
En su esfuerzo por impedir la consulta, prohibida por la justicia española, el gobierno de Rajoy dio un nuevo paso este sábado: asumir la coordinación de las fuerzas policiales en Cataluña, incluyendo la policía regional, los Mossos d’Esquadra.
El gobierno independentista catalán no tardó en denunciar la medida como una suspensión de la autonomía de la región. «Denunciamos la voluntad de intervenir los Mossos d’Esquadra», dijo el consejero de Interior, Joaquim Forn, cuyos servicios están «estudiando» un recurso.
Un portavoz del ministerio del Interior explicó a AFP que esto «no supone que se retire competencia alguna a los Mossos d’Esquadra», lo cual es bastante delicado en una Cataluña muy celosa de su autonomía. El objetivo, según él, es «reforzar el dispositivo» encaminado a impedir el referéndum.
La medida de este sábado se suma a una cascada de actuaciones impulsadas esta semana por el gobierno español contra la celebración del referendo.
El miércoles, la Guardia Civil registró edificios oficiales del gobierno catalán y detuvo a 14 personas, incluyendo a varios altos cargos regionales que quedaron en libertad con cargos.
Las cuentas del gobierno catalán fueron intervenidas, millones de papeletas incautadas, e igualmente se enviaron refuerzos policiales, alojados en tres barcos frente a las costas catalanas.
Por otro lado, el viernes dimitieron, a instancias del ejecutivo catalán, los miembros de la junta electoral creada para la consulta, a los que el Tribunal Constitucional impuso multas de 12.000 euros diarios.
Aminoran las protestas callejeras
Pese a todo, el jefe del gobierno catalán, Carles Puigdemont, dejó claro que la consulta sigue adelante, tras aseverar esta semana que hay «planes de contingencia» para garantizar la votación.
En su cuenta de Twitter, publicó un nuevo enlace de acceso a la web de información sobre el referendo, al día siguiente de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ordenara cerrar otra web con la misma información.
En las calles de Barcelona, la movilización de los separatistas era este sábado menor que en días anteriores, coincidiendo con la festividad popular de La Merced, que incluye todo un programa de pasacalles y animaciones en la capital catalana.
No obstante, el referéndum está en la mente de todos, y este sábado podía verse en el ayuntamiento una gran pancarta con el lema «Más democracia».
«La Merced sigue su curso normal, pero en pequeños gestos se está dando apoyo» a la consulta, cuenta en la Rambla de Barcelona Carles Leal, de 26 años, antes de sacar a la calle un gigante.
«La fiesta no afecta la movida que hay políticamente», abunda Enric Jové, un jubilado barcelonés, mientras espera con su mujer y sus nietas la salida del desfile de gigantes y cabezudos.
A poca distancia de allí, unos 400 estudiantes pasaron la noche en el edificio histórico de la Universidad de Barcelona, que ocuparon el viernes por la tarde, aunque la ocupación del mismo concluirá «el lunes o el martes», indicó Nuria Martín, portavoz de la Plataforma de Universidades por la República.
El miércoles, en una de las manifestaciones más sonadas, miles de independentistas se concentraron ante la consejería regional de Economía para impedir que la Guardia Civil, que estaba efectuando registros dentro, pudiera salir. En la concentración fueron gravemente dañados tres vehículos del instituto armado.
Por estos hechos, la fiscalía de la Audiencia Nacional presentó el viernes una denuncia por «sedición», un delito pasible de una pena de prisión. El escrito cita a dos figuras del independentismo catalán, los dirigentes de las asociaciones Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, y Omnium, Jordi Cuixart, que habían llamado a protestar.
En una entrevista este sábado con Catalunya Radio, Cuixart reiteró su «llamamiento a la movilización permanente hasta el 1 de octubre», aunque insistió en que tratan de evitar «cualquier tipo de actitud violenta».