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Compensar con este incremento los costos de vida, physician ya que la canasta básica ampliada en el área urbana es de $407.72 y en el área rural de $291.84, fue una de las conclusiones discutidas en el foro “Por un salario mínimo justo”.
Las diferentes autoridades del gabinete económico y especialistas en el tema expusieron sus puntos de vista sobre el ajuste al salario mínimo, tomando en consideración la diferencia entre el costo de vida alterado a partir de la dolarización y el actual salario mínimo.
Este foro fue organizado por el Gobierno de la República y tuvo como ponentes a la ministra de trabajo y previsión social, Sandra Guevara; la presidenta de la Defensoría del Consumidor, Yanci Urbina; e Ileana Rogel, directora de la Comisión Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (CONAMYPE). También, participaron con exposiciones el economista y representante del gobierno ante el Consejo Nacional del Salario Mínimo, César Villalona, la investigadora del departamento de Economía de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), Meraris López; y el director de política y planificación sectorial del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Jorge Alberto Salinas. La titular del Ministerio de Trabajo y Previsión Social señaló que el aumento salarial propuesto por el gobierno de $300 en la zona urbana y $250 en la zona rural, representa un aumento para el área urbana de 19% en comercio y servicio, 21% en industria, 42% en las maquilas y 112% en el área rural.
“Esta propuesta gubernamental está sostenida en 8 criterios técnicos, relacionados al costo de la vida, la productividad, la gradualidad, la inversión y el empleo, el salario y la competitividad, la inflación, redistribución del ingreso y la reactivación económica”, recalcó Guevara.
Asimismo, agregó que “el salario total solo representa el 20% del costo de producción en las industrias, comercios y servicios y el 15% en el agro. El salario mínimo representa menos. Por lo tanto, su ajuste no afecta mucho la inversión”.
DC desmiente alza de los precios
La presidenta de la Defensoría del Consumidor afirmó que durante los últimos incrementos al salario mínimo registrados en el país (en 2011 y en 2013, del 8% y el 12% en tres tramos anuales de 4%, respectivamente) los costos en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) permanecieron constantes y con variaciones muy mínimas, con lo cual desmiente lo dicho por la ANEP, que un incremento en el salario mínimo aumentaría drásticamente los precios de la canasta básica. “Estos son datos estadísticos que demuestran que ese argumento que se maneja en relación a que no es conveniente incrementar el salario mínimo porque esto podría tener incidencia directa en el incremento de precios lo vemos como un argumento poco sólido en términos del análisis económico”, dijo Urbina.
La directora de la CONAMYPE también restó validez al argumento de que el aumento al salario mínimo llevaría a la quiebra a las pequeñas empresas. “El aumento al salario mínimo a las micro y pequeñas empresas no les afecta por la informalidad en la que se mueve toda esta masa de unidades económicas”, consideró Rogel, detallando que en el sector informal no se mueve en base al salario mínimo sino a las ganancias que estas tengan en el mercado.
Un aumento al salario mínimo permitirá a las empresas tener una mejor productividad, en la medida en que este incremento se traduce en un incentivo para los trabajadores y trabajadoras. “Se trata de construir un círculo virtuoso, porque estamos en el marco de un círculo perverso, donde se paga menos a la gente y el dueño de la empresa gana más, se queda con la acumulación que dan las personas trabajadoras”, manifestó.
A la vez, que añadió que “cuando hablo de un círculo virtuoso estoy hablando de más ingresos para las familias, de la posibilidad en ese sentido de tener mayor capacidad de compra, cuando tenemos mayor capacidad de compra se empiezan a mover otras ramas de la economía y a generar nuevas fuentes de empleo”.
