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Redacción Nacionales
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El ex secretario de comunicaciones de la presidencia David Rivas enfrentará este miércoles una “audiencia probatoria” en la Cámara Ambiental de Santa Tecla, como parte de un proceso civil por supuesto enriquecimiento ilícito.
Fuentes cercanas al caso confirmaron la realización de la audiencia y denunciaron supuestas irregularidades del proceso. Una de las anomalías más graves sería el intento de despojar a Rivas de todo su patrimonio, incluidos bienes inmuebles que adquirió antes de ser funcionario público y que legalmente no deberían ser cuestionados por la Fiscalía General de la República (FGR).
“Existe la intención de dejarlo literalmente sin nada, en la calle”, dijo a este medio una fuente que pide no ser identificada por temor a represalias. “Esto es totalmente ilegal e injusto; y es una muestra clara de cómo la arbitrariedad y el abuso de la Fiscalía se imponen, y de cómo el sistema judicial no actúa de manera independiente y sólo responde a una estrategia de persecución política del gobierno de turno”, expresó la fuente.
Rivas es parte de un grupo de ex funcionarios del gobierno del fallecido ex presidente Mauricio Funes procesados penalmente en el denominado “Caso Saqueo Público”, que actualmente se encuentra en proceso de apelación tras una sentencia condenatoria dada a conocer en noviembre del año pasado.
El Comité de Presas y Presos Políticos de El Salvador (COFAPPES) denunció en agosto del año pasado que este caso no ha tenido la intención real de investigar la corrupción, sino que es un caso de “.persecución política” contra personas cercanas al ex presidente Funes.
Según COFAPPES, en el juicio se demostró que los 351 millones de dólares supuestamente malversados fueron entregados a centenares de proveedores de la presidencia de la república y de otras instituciones del Estado. Sin embargo, Rivas y otros ex funcionarios han sido condenados.
“Si se confirma la sentencia, ellos pasarían varios años en prisión injustamente”, dice la fuente. “Y ahora (en el juicio civil) quieren también despojarlos de todos sus bienes”, agrega.
El proceso civil también incluye a la ex esposa de Rivas y a uno de sus hijos, quienes nunca han sido funcionarios públicos ni han tenido acceso a fondos del Estado.
La fuente, incluso, considera irregular que se designe a una cámara ambiental para llevar a cabo un juicio sobre enriquecimiento ilícito. “Zapatero a tu zapato: esa cámara debería estar procesando tantos crímenes ambientales que se cometen impunemente en el país, y no un caso sobre un tema en el que tiene poca o ninguna experticia”, agrega la fuente.
