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Rosmeri Alfaro
@DiarioCoLatino
La Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) insistió en que las acciones y el manejo de la situación por la COVID-19 debe basarse en “las mejores prácticas y la evidencia científica proveniente de un equipo de asesores calificados”.
La gremial reiteró que el manejo de la pandemia debe contar con un plan confiable basado en información real sobre la evolución de la pandemia. “Esto continúa siendo necesario, hoy más que nunca, para acompañar la implementación de las distintas fases de reapertura, por lo que hacemos un nuevo llamado a conformar, de manera urgente, una mesa técnica para este fin”, indicó.
Para esta semana estaba contemplada la segunda fase de reapertura económica; sin embargo, esta fue retrasada 15 días por el Gobierno, ante el aumento de casos por COVID-19 que ya superan, al cierre de esta nota, los 8,300 casos confirmados y que ha provocado la muerte de 229 salvadoreños, según cifras oficiales.
“La reactivación de nuestra economía solo puede ser posible con un plan ordenado y basado en protocolos de bioseguridad y con el acompañamiento del Ejecutivo a través de una permanente y amplia campaña de información y educación en el trabajo, en el hogar y en las actividades cotidianas, que promueva todas las medidas para disminuir el riesgo de que más salvadoreños se contagien”, expuso CAMARASAL.
Mientras tanto, el Gobierno reiteró que “lo mejor para el país es la implementación de una cuarentena estricta por 15 días para reducir los contagios y aplanar la curva”.
“Los diputados tienen en sus manos el documento de que hay que cerrar 15 días para salvar vidas y les suplicamos que lo hagan, tenemos la prioridad de salvar vidas, pero también nos interesa salvar la economía porque no somos un Gobierno de querer quebrar la economía”, manifestó el secretario privado de la Presidencia, Ernesto Castro, en una entrevista televisiva.
El funcionario recordó el Plan de Recuperación Económica, que comprende la autorización de $1,000 millones; $600 millones destinados a un Fideicomiso para las micro, pequeñas y medianas empresas, y que hasta la fecha no ha logrado consenso en la Asamblea Legislativa.
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