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Licenciada Norma Guevara de Ramirios
La soberanía reside en el pueblo y, en el caso de la explotación de la minería, la mayoría del pueblo expresa su rechazo. Esa voluntad debiera ser respetada por los gobernantes de hoy.
Dos encuestas de las universidades UCA y Gavidia reflejan que la mayoría de la población dice No a la minería; las voces en la calle, en los debates grupales, en carteles, mantas y mensajes de redes sociales, reflejan que el rechazo a la minería va en crecimiento y ninguna cortina de humo creada para distraer, o incidente que ocurra, logra desplazarla de las preocupaciones más serias de la población.
La jornada de ayuno y oración y recolección de firmas, pedida por la jerarquía católica, es la más amplia jornada, que como pidieron los miembros de la Conferencia Episcopal, sobrepasa cualquier identidad o interés grupal, social o político, y debe servir para dar un mensaje de unidad potente frente a las autoridades.
Si el ciudadano es el mandante, esa voz de rechazo a la minería tiene que ser escuchada.
El tono burlón de la propaganda oficial, y la persecución a quienes sostienen una postura firme contra esta decisión tomada por la asamblea legislativa puede convertirse pronto en preocupación para ellos, pues el costo político de ignorar al pueblo lo pagarán en lo electoral si es que respetan los períodos para los cuales fueron electos.
El pedido de la gente es sencillo: derogar el decreto que aprobaron en diciembre y volver a la prohibición que fue aprobada en 2017. En manos de los diputados está escuchar la voz de sus mandantes, la ciudadanía, en vez de escuchar únicamente a un gobernante que también tendría que escuchar la voz popular.
Otro rol de las poblaciones es que, en primer lugar, nuevamente serán las más afectadas directamente, o lo están siendo ya, como lo denunciaron los lideres ambientalistas de la Comunidad de Santa Marta, en Cabañas, y por lo cual han sido injusta e ilegalmente perseguidos. Los hechos han demostrado que la compra de terrenos en las zonas de posible explotación minera, y que ha sido denunciada por las organizaciones sociales, era un paso encaminado a lo que ahora dejo de ser una amenaza para convertirse en un hecho.
La ilusión que quieren que la gente asuma, de convertirse en rico por vivir cerca de una mina, o que le compren el terreno y se vaya a vivir a otro lugar de mejor valor, es solo un engaño que ya en el pasado plantó discordia y diferencia entra los pobladores de las zonas, pues un aparente beneficio temporal y personal se convierte en condena a la vida de presentes y futuras generaciones.
El agua, la salud de los suelos, el daño a los mantos acuíferos que alimentan a otras zonas sería envenenada si se llega a permitir la explotación minera, por eso es un asunto que nos atañe a todos y una responsabilidad de las presentes generaciones con quienes están llamados a sucedernos, para que la vida continué en nuestro país.
El temor a las represalias por oponerse a la minería deja de tener fuerza, en la medida que seamos muchos, miles y miles, cientos de miles y millones de personas que nos expresemos en la misma dirección, sin quitar el dedo en esa llaga que amenaza en dañar todo el cuerpo social de nuestra Patria.
Cuando las primeras amenazas surgieron, el FMLN tenía una buena representación legislativa y una militancia organizada y activa, muy relacionada con las comunidades.
Por eso el primer rechazo masivo fue una marcha desde Chalatenango hasta el ministerio de Economía, que duró dos días. para entregar la carta exigiendo detener esos planes. Ahora, toda organización política o social está llamada a actuar en coherencia con lo que ha sido esa convicción social, de que la minería daña la vida, es muerte para las futuras generaciones.
Poner una firma es un paso, pero mantener esta bandera de lucha es obligado hasta que la voz del pueblo sea escuchada.
