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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Para los movimientos populares y organizaciones sociales, el 2024 estuvo marcado por acciones de protestas en rechazo a las políticas del gobierno y miles de despidos arbitrarios en diferentes instituciones públicas.
El Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP), que aglutina a diferentes organizaciones y movimientos sociales, señaló que las elecciones de febrero de 2024 consumaron la total violación a la Constitución de la República, al desarrollarse un proceso electoral totalmente contrario a las leyes y a la misma Constitución, que prohíbe un segundo mandato presidencial consecutivo.
A esta violación se suma una serie de irregularidades denunciadas por la ciudadanía antes y después de las elecciones, y durante el escrutinio final; asimismo, el proceso electoral de marzo estuvo marcado por una serie de ilegalidades como, la reforma al Código Electoral cuando el proceso ya había iniciado y la reducción de los municipios que dio ventaja al partido Nuevas Ideas.
El BRP indicó que en este 2024 se dieron las primeras elecciones desarrolladas desde 1992 bajo un Régimen de Excepción, rompiendo totalmente con la esencia democrática de los procesos electorales.
Asimismo, con la toma de posesión del 1⁰ de junio de 2024 se consolidó un “régimen de facto” en -el Salvador, un gobierno que no está sustentado en la norma constitucional o legal, por lo tanto, carece de legitimidad generando graves consecuencias en la vida institucional, la población día a día sufre las consecuencias de la manipulación de las instituciones del Estado.
“Desde el 2019 se ha generado una dinámica de persecución política, muchas personas han tenido que salir del país debido a las amenazas por parte del clan Bukele, pero una de las situaciones más indignantes fue la captura de los dirigentes de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, en vísperas del acto ilegal del segundo mandato del gobierno acusando a excombatientes y veteranos de planificar supuestos atentados”, destacó.
Estas personas por ser críticos del gobierno están detenidas en condiciones inhumanas, en estado de salud crítico y corriendo un grave peligro de morir en prisión, tal y como ocurrió con Alejandro Muyshondt.
Según los representantes de las organizaciones del BRP, el prolongado Régimen de Excepción ha constituido un drama humano en la población, esta medida ya va acercándose a su tercer año, a pesar que la misma Constitución lo prohíbe, muchas personas siguen detenidas aunque cuentan con resoluciones judiciales y cartas de libertad, las cuales, no han sido ejecutadas por la dirección de centros penales, dejando a miles capturados sin haber cometido ningún delito.
“Cada vez queda más claro que este gobierno responde a la oligarquía y a las transnacionales, eso se confirma con la aprobación de un presupuesto que no responde a los a los intereses de las grandes mayorías, y la recién aprobada Ley de Minería que afectará a toda la población, generando más saqueo, destrucción, despojo de tierras, contaminación de mantos acuíferos entre muchos otros males mayores”, afirmó Francisco Parada, dirigente del BRP.
Debido a la reducción del presupuesto para Salud y Educación, este año fue creado el Movimiento por la Defensa de la Clase Trabajadora (MDCT), integrado por diversas organizaciones y movimientos que llevaron a cabo dos marchas blancas, la primera el 19 de octubre y la otra el 23 de noviembre.
Desde el 19 de octubre hasta la fecha, cerca de 3 mil empleados fueron despidos arbitrariamente en diferentes instituciones del gobierno, como parte del ajuste fiscal propuesto por el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el presupuesto presentado por el Ministerio de Hacienda, contempla recortes de fondos y aproximadamente 12 mil despidos.
A criterio de las organizaciones, con la aprobación de la ley del presupuesto 2025 queda clara las prioridades de este gobierno, la población salvadoreña es y será la más afectada, debido a una serie de recortes en distintos ministerios de prioridad social, como Agricultura, Salud, Educación, entre otros.
“Lo más visible en estos momentos son los miles de despidos y supresiones de plazas, desde la presentación de la propuesta de ley del presupuesto por parte del Ejecutivo hacia la Asamblea Legislativa en octubre de este año, se ha venido desarrollando una política de despidos masivos, sin respetar los derechos laborales de los trabajadores y violando totalmente los derechos de sindicalistas de instituciones públicas que han sido de igual manera despedidos”, afirmó Parada.
Entre los despedidos están 600 trabajadores del Ministerio de Cultura despedidos, 450 de las alcaldías de San Salvador, 900 en la Asamblea Legislativa, 981 en el Ministerio de Salud, 400 en la Procuraduría General de la República (PGR), 300 de la Policía Nacional Civil (PNC), 75 de las oficinas de la PDDH, 14 del Ministerio de Agricultura y Ganadería,
Asimismo, 3 del Ministerio de Hacienda, 14 maestros despedidos, 5 del Instituto salvadoreño de Bienestar Magisterial, 62 del órgano judicial, 95 del Tribunal Supremo Electoral y 16 de CONAMYPE, 263 del Ministerio de Salud y 600 del Seguro Social, de todos estos despidos hay 471 que fueron criminalizados por asistir a la marcha blanca del 19 de octubre.
El escenario para los próximos años es despidos masivos, despojo de tierras, violaciones a los derechos humanos, persecución política, militarización, corrupción, falta de acceso a la información pública, deterioro de los servicios básicos como salud y educación.
