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La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) condenó ayer las amenazas de la Fiscalía General de la República y de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) contra los medios digitales La Página y Transparencia Activa, buy viagra respectivamente.
La Fiscalía, prescription a través de la Unidad de Investigación Financiera, envió la semana pasada una carta al director de La Página donde pide que “cese y desista” de publicar “información confidencial” sobre el juicio penal contra el ex presidente Francisco Flores. La nota amenaza con “tomar las acciones legales correspondientes”, si la orden no es acatada en un plazo de 24 horas.
La Página había informado que la Fiscalía no presentó informes financieros solicitados por el Juzgado Séptimo de Instrucción y publicado críticas de los querellantes particulares sobre la negligente actuación fiscal, información que no es confidencial.
Por su parte la ANEP instó a sus afiliados a arremeter judicialmente contra Transparencia Activa. El presidente de la gremial empresarial, Jorge Daboub, ofreció apoyo jurídico a los empresarios que se “sintieran ofendidos” por la publicación de la lista de morosos con el fisco.
Transparencia Activa publicó la lista de 12 mil personas naturales y jurídicas que tienen deudas tributarias, revelada por la Dirección de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda. La lista de morosos está encabezada por grandes empresas salvadoreñas y extranjeras, sobre todo aerolíneas, bancos, telefónicas y distribuidoras de electricidad.
La APES advirtió que las amenazas de la Fiscalía contra La Página y de la ANEP contra Transparencia Activa constituyen graves violaciones a la libertad de prensa y de expresión consignados en la Constitución y tratados internacionales (Declaración Universal de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Convención Americana sobre Derechos Humanos).
La amenaza de la Fiscalía contra La Página, además, violenta la sentencia de la Sala Constitucional que revirtió la reserva en el juicio contra el ex presidente Flores y determinó que éste es un caso de interés público.
El Procurador de Derechos Humanos también se pronunció sobre ambos casos, denunciando el atropello contra la libertad de prensa y exhortando a la Fiscalía y a la ANEP que no atenten contra este derecho fundamental de la democracia. Próximamente se pronunciará la Relatoría de Libertad de Expresión OEA.
Ni el Fiscal General ni los tristemente célebres directivos de ANEP se esperaban este rechazo social creciente contra sus amenazas hacia medios de comunicación que contribuyen al cumplimiento del derecho de información de la población.