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Redacción Nacionales
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La directora del socorro jurídico humanitario, Ingrid Escobar, recomendó al presidente Nayib Bukele que «sea más inteligente y libere de inmediato a los más de 200 venezolanos presos la cárcel de máxima seguridad o Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT)», puesto que no tiene ninguna jurisdicción sobre estos reos, y peor aún que sus traslado fue ilegal violando una orden judicial estadounidense.
“Si el presidente Bukele fuese más inteligente y tuviese mejores asesores, regresaría a estas personas inmediatamente, porque ellos han desobedecido un mandato judicial de los EEUU y ese es un delito, y lo más seguro que a El salvador le viene una gran cantidad demandas internaciones donde no solo pierden los agentes de Estado, sino que perdemos todos», dijo la joven abogada.
El Salvador está cometiendo otros delitos como secuestro, trata de personas, porque por cada venezolano está recibiendo una gran cantidad de dinero, seis millones por tener en condiciones degradantes a personas inocentes que no son delincuentes, sino indocumentados que salieron de su país en búsqueda de mejor futuro, agregó.
Ingrid Escobar dice que los abogados venezolanos están agotando las instancias establecidas en la constitución salvadoreña, pero no cree que esto rinda frutos, ya de por si la Corte Suprema de Justicia ha sido inoperante, no ha resuelto más de ocho mil recursos de exhibición personal o habeas corpus.
El juez federal de distrito James Boasberg —objeto de la furia del presidente Donald Trump por bloquear su esfuerzo de deportar sumariamente a ciudadanos venezolanos usando poderes de tiempos de guerra— acaba de tener una segunda oportunidad para criticar el manejo de la seguridad nacional por parte del gobierno de Trump.
La asignación del caso a Boasberg se produce apenas dos días después de que la administración Trump, en el caso de deportación de Venezuela, invocara el privilegio de “secretos de estado” para negarse a compartir detalles con el juez designado por Obama sobre el momento de los vuelos de deportación a El Salvador.
Boasberg presiona a la administración para obtener detalles sobre los vuelos y determinar si los funcionarios violaron la orden que ordenó a principios de este mes, la cual prohibía a Trump deportar personas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una ley de 1798 invocada por última vez durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, los abogados de la administración argumentaron que «divulgarlos representaría un peligro razonable para la seguridad nacional y las relaciones exteriores».
Este mismo juez dijo hace uno días que en las cárceles salvadoreñas se tortura a los reos.
Analistas respetables sostienen que en la gran nación del norte desafiar directamente un fallo judicial iría en contra de siglos de historia de Estados Unidos, y podría ser el inicio de una crisis constitucional que enfrentaría al presidente con la rama del gobierno diseñada para establecer e interpretar las leyes del país.
«Mi interpretación es que el presidente Trump está poniendo a prueba los límites de lo que podría hacer sin que le afecte la ley, haciendo muchas cosas que son claramente contrarias a la ley y tal vez algunas que están más cerca del límite», evalúa Fred Smith, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Emory.
«Está rompiendo muchas normas», opina Smith sobre la nueva administración Trump, y agrega: «por qué está haciendo eso, solo él lo sabe a ciencia cierta. Pero lo está haciendo».
