@JoakinSalazar
El Superintendente de Competencia, viagra Francisco Díaz, nurse afirmó que tras la sentencia emitida por la Sala de lo Constitucional con respecto a la Ley de Telecomunicaciones, se debe fortalecer a la institución, para poder evitar las prácticas anticompetitivas entre medios de comunicación.
El 29 de julio, la Sala declaró inconstitucionalidad la omisión de la Ley de Telecomunicaciones en regular mecanismos alternos a la subasta para la obtención de las frecuencias, además la inconstitucionalidad en las prórrogas automáticas de las frecuencias.
De esta ultima, la Sala ordenó que deben permanecer como están por 20 años más, hecho que ha sido duramente criticado por las organizaciones demandantes.
El Superintendente explicó que desde la perspectiva de la competencia, las prórrogas automáticas no justificadas por largos periodos limitan la posibilidad de abrir nuevos procedimientos competitivos y no da lugar a la elección de nuevos concesionarios que pueden prestar mejores servicios.
“Ante esto, el consejo directivo propuso incorporar, en la Ley de Telecomunicaciones, en el artículo 115 “A”, que se establezcan rigurosos criterios para justificar la prórroga de una concesión. Es decir, que no quede abierto en lo sustancial. Lo que propone la superintendencia es que siempre que se dé una situación de este tipo, la SIGET resuelva, para ello solicitará opinión preliminar, vinculante a la Superintendencia de Competencia, porque solo esta puede establecer si esta prórroga es justificable o no”, agregó
El Funcionario explicó, tras estudio sobre telecomunicaciones,, en el caso de los canales de televisión, El Salvador ha concesionado 42 frecuencias, distribuidas en 16 dueños o grupos económicos.
“Estamos frente a una realidad del sector económico altamente concentrado, que aplica cualquiera de los índices de condición económica”, dijo al referirse a los oligopolios mediáticos en el país.
Díaz agregó que actualmente, tanto la SIGET como la Superintendencia de Competencia, carecen de elementos fundamentales para ejercer plenamente la sentencia de la Sala de lo Constitucional.
Y es que la sentencia establece que la Superintendencia de Competencia debe regular las prácticas anticompetitivas, en cuanto a la distribución de los medios de comunicación a sectores establecidos.
“Esa facultad no la tiene en este momento la Superintendencia de Competencia, primero por una confusión de identificar concentraciones económicas con prácticas anticompetitivas, y segundo, porque la realidad económica del país no le permite a la superintendencia entrar y conocer las concentraciones de espectro radioeléctrico”, comentó el superintendente.
Las prácticas anticompetitivas son denominadas ilícitas por la Ley de Competencia, por cuanto realizarlas es una alteración nociva del mercado, sin embargo, las concentraciones económicas no son ilegales ante la ley, analizó.
La “Sentencia de la Sala no permite optimizar el espectro y más bien da continuidad a una estructura económica concentrada, se recomienda que se aproveche la transición de lo analógico a lo digital para reestructurar el espectro”, puntualizó el superintendente.
Finalmente, Francisco Díaz recalcó que la Asamblea Legislativa debe fortalecer tanto a la Superintendencia de Competencia como a la SIGET, para contar con más rigor al momento de evitar practicas anticompetitivas dentro de los medios de comunicación.
Estas declaraciones se vertieron en el Foro “Sentencia sobre la Ley de Telecomunicaciones: alcances y limitaciones Para la Democratización de las comunicaciones”, realizado por la Funcación Friedrich Ebert para El Salvador y la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en el que participaron las organizaciones demandantes y el Superintendente de Competencia.
En el evento, los demandantes representados por Roberto Rugamas, reiteraron su postura que la Sentencia de la Sala vulnera los derechos fundamentales de los ciudadanos como la libertad de expresión y la igualdad.
Lo anterior debido a que se mantiene las prácticas monopólicas de medios de comunicación hasta 2037, año en que se les permitirá mantener las frecuencias concesionadas en 1996.
Pese a ello, Rugamas trajo a cuenta que “Hay que recordar que el espectro radioeléctrico es un bien natural pero limitado, la Ley de Telecomunicaciones va contra derechos de igualdad, libertad de expresión”.
Entre las conclusiones más significativas de los alcances y limitaciones de la sentencia, los asistentes determinaron que debe de existir participación de todos los sectores para regular las reformas que debe de realizar la Asamblea Legislativa antes del 31 de diciembre de este año.
Los asistentes al foro lamentaron que parte de los ponentes se excusaron de participar, como el Magistrado de la Sala de lo Constitucional, Florentín Meléndez. También la Superintendenta de la SIGET, Blanca Coto.