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Por Leonel Herrera*
El pasado 3 de febrero, en la valiente proclama donde expresaron sus razones para no presentarse a la repetición del juicio en su contra, los ambientalistas de Santa Marta y ADES hicieron un llamado a cerrar filas en la “lucha por la “sobrevivencia nacional” y por “la vida de toda la sociedad salvadoreña” amenazada por la minería metálica.
El oportuno llamado de los activistas ambientales es una invitación a reconstruir el consenso nacional que impidió la realización de proyectos mineros y permitió la aprobación unánime de la ley de prohibición de la minería metálica en marzo de 2017.
En este rechazo a la minería coincidió un amplio y diverso abanico de actores y sectores del país: desde las organizaciones y activistas ambientales, hasta la Iglesia Católica dirigida por monseñor Fernando Sáenz Lacalle y después por el actual arzobispo Escobar Alas. Y entre estos dos polos, una diversidad de sectores políticos, académicos, gremiales y empresariales que estuvieron de acuerdo en que esta industria extractiva no es viable en El Salvador.
Este “consenso nacional antiminero” obligó a tres gobiernos (de Tony Saca, Mauricio Funes y Sánchez Cerén) a negar los permisos de explotación a las empresas mineras y presionó a los distintos grupos parlamentarios a aprobar la ley prohibitiva. Para sumar a importantes sectores de la derecha política y empresarial fue clave la postura del ex ministro de medioambiente Hugo Barrera.
Un hecho que también tuvo una incidencia determinante en este proceso fue el fallo favorable al Estado salvadoreño dado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), la instancia que canalizó las demandas de las empresas mineras Pacific Rim/Oceana Gold y Commerce Group que exigían millonarias indemnizaciones.
Ante el anuncio presidencial del 27 de noviembre del año pasado, la derogación de la prohibición de la minería y la aprobación exprés de una nueva ley que nuevamente abre camino a los proyectos mineros, también ha habido un rechazo generalizado. Se han pronunciado las organizaciones sociales, la Iglesia Católica y las demás iglesias, la UCA y la UES, grupos juveniles y la mayoría de la población en las encuestas.
Sin embargo, hay actores importantes que aún guardan silencio y que es urgente que se sumen a la necesaria reconstrucción del “consenso nacional antiminero”. Entre éstos hay dos que son muy relevantes: los gremios de profesionales y los grupos empresariales.
Esta semana se pronunció el Colegio Médico, alertando que la minería amenaza la vida de la población y que el sistema de salud no tiene condiciones para atender las múltiples enfermedades que provocaría la contaminación minera del agua, aire y suelo. Los galenos piden no implementar la minería y derogar la nueva ley impuesta por el bukelismo.
Ojalá que los gremios de economistas, ingenieros, agrónomos, biólogos, maestros y de otras profesiones expresen su rechazo. Especialmente necesario es que el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (COLPROCE) desmienta el falso desarrollo económico que ofrecen los promotores de la minería metálica.
También es necesario que las demás universidades privadas rompan su silencio. La UTEC, UFG, USAM, Don Bosco, “Matías Delgado”, Luterana, “Andrés Bello” y las demás deben seguir el ejemplo de la UCA y de la UES.
Y con respecto a los gremios empresariales, deberían sumarse al no a la minería metálica todas aquellas empresas cuyas actividades se verían afectadas por la falta de agua y la contaminación. Es posible que la presión de las empresas privadas incida en el gobierno más que cualquier otro actor o sector nacional.
Esta semana diversas redes, foros, mesas y otros espacios del movimiento social hicieron eco del llamado de los ambientalistas criminalizados y propusieron a todos los sectores del país “hacer un sólo cuerpo” para defender el agua y la vida. Uno de los voceros pidió a la población organizarse y resistir a la minería en todos los cantones, barrios, municipios y departamentos.
Culminemos, pues, la reconstrucción del consenso nacional contra la minería. Desde este espacio de opinión va la exhortación a que se pronuncien los que aún están callados y que nos movilicemos todos y todas. Está en juego la existencia misma de El Salvador como país y la vida de las generaciones presentes y futuras.
