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Gloria Silvia Orellana
@SilviaCoLatino
Representantes de diversas organizaciones ambientalistas que integran ACAFREMIN, expresaron su preocupación por la lentitud en la presentación pública de las “Propuestas de Reconversión de Actividad Económica para los Mineros Artesanales (güiriceros), que residen en el cantón San Sebastián, municipio de Santa Rosa de Lima, La Unión.
“Existe una preocupación de las organizaciones sociales y ambientales en este momento, porque el pasado 29 de marzo, se cumplieron dos años de haberse aprobado la Ley de Prohibición de Minería Metálica, en el país y en su articulado tenía contemplado un plazo el Estado salvadoreño, para una respuesta a esta problemática de los güiriceros, en los territorios en donde ha habido exploración y explotación minera”, manifestó Bernardo Belloso, presidente de CRIPDES/ACAFREMIN.
ADES, CRIPDES, UNES y ACAFREMIN. Se manifestaron sobre el artículo 2, inciso segundo, de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, sobre el cierre técnico de bocaminas y la reorientación de la actividad económica de mineros artesanales, en las zonas que antes fueron concesionadas a la industria minera en el país. Por lo que solicitaron al Ejecutivo, dejar las bases asentadas y al gobierno entrante darle el correspondiente seguimiento para su cumplimiento.
“No han presentado una propuesta para cerrar Pasivos Ambientales Mineros (PAM), son seis bocaminas en el Divisadero, Morazán, nueve en San Sebastián, La Unión. Esos proyectos que no han sido tratados, es una atentado permanente contra las comunidades y una preocupación para las organizaciones ambientalistas”, sostuvo.
Luis González, UNES/ACAFREMIN, calificó de “apremiante” esta identificación de bocaminas para su cierre y lamentó que las empresas que realizaron todo este tipo de intervenciones en el entorno de las comunidades, no realizaran estos procesos técnicos de cierre, como les correspondería.
“Esos protocolos están diseñados para que ese lugar que sirvió para la explotación no siga generando daños, como drenaje ácido, contaminación de metales pesados y otras acciones que no se han realizado. Y falta también el resarcimiento ambiental, que significa en esos procesos de exploración o explotación si algún daño que se hizo afectó a las comunidades cercanas a las minas, deberán realizar una serie de actividades encaminadas a restaurar su contexto social, económico o salud. Si producto de la actividad minera la comunidad quedó sin agua, pues deben llevarle agua”, argumentó.
Asimismo, Rodolfo Calles de CRIPDES/ACAFREMIN, expresó su preocupación porque aún persiste la “amenaza de reversión” de la Ley de Prohibición de la Minería Metálica, por no estar elevada a rango constitucional.
“Como organizaciones que hemos acompañado a las comunidades en este esfuerzo, porque fueron doce años de lucha, para lograr una normativa y que vuelva a la Asamblea Legislativa, una reforma sería un desgaste fuerte en este tema. Vía Ejecutivo, podemos modificar el reglamento de la ley. Nos hemos reunido con las autoridades y esperamos que dejen las bases y que el gobierno entrante lo cumpla”, señaló. A esta amenaza de una reforma a la Ley de Prohibición de la Minería, se une la minería transfronteriza que según, Pedro Cabezas de ACAFREMIN, es necesario una comisión binacional de gobierno y otras entidades, para dar paso a acuerdos en común y en beneficio de los pueblos.
“Hay un plan de trabajo en donde las organizaciones sociales, la iglesia y las procuradurías de ambos países (Guatemala y El Salvador), están comenzando hacer incidencia con los gobiernos, para que retomen esta conversación. En Guatemala, hubo una reunión parlamentaria y diferentes ministerios, para rendir cuentas sobre la Mina Cerro Blanco (a 43 kilómetros de El Salvador), pero ninguno tenía información actualizada de la empresa Blue Stone Resources, aunque esta empresa en Estados Unidos y Canadá, está vendiendo este proyecto para su explotación, para generar ganancias a los inversionistas”, puntualizó”.
