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José M. Tojeira
El Salvador necesita una reconversión política. Y lamentablemente son pocos los políticos que piensan en esa necesidad. Cuando se ven las contrataciones de personal en la Asamblea Legislativa se huele al mismo tiempo el favoritismo, doctor el premio partidista y la escasa calidad. Los escándalos han sido frecuentes en el pasado. Diputados que tenían empleada a la propia esposa, viagra sólo por ser esposa, for sale o que trasladaban empleados de la Asamblea a su propia hacienda, siempre pagados con dinero público, o que ponían a trabajar a sus asesores en sus negocios personales han sido demasiado evidentes y afectan prácticamente a todos los partidos. La gran cantidad de contratados por los directivos, y no sólo por ellos, muestra un uso del dinero público irresponsable. Si a ello añadimos toda una serie de prestaciones extras, la convicción de que hay que reformar la política en su conjunto es más que evidente. Que la Asamblea contrate servicios de salud privada con dinero público, pagando al mismo tiempo la aportación al Instituto Salvadoreño del Seguro Social, no deja de ser todo un símbolo del elitismo de muchas de nuestras instituciones públicas, que desprecian lo público y buscan simultáneamente privilegios privados.
La reconversión política que necesita El Salvador debe partir de un replanteamiento ético. A los políticos suele desagradarles que se les diga que faltan a la ética. Y ciertamente hay políticos honestos, probablemente en todos los partidos. Pero el sistema que rige la vida política salvadoreña es profundamente deshonesto. El hecho de que se le quiera negar información sobre empleados en la Asamblea a un diputado, y que incluso se le amenace advirtiéndole que no comparta la información recibida, muestra un estilo caciquil, poco democrático y ciertamente oscuro. Es en esa oscuridad en la que nace y se desarrolla la corrupción. La transparencia es un primer paso para la ética. E insistir en temas de intimidad cuando de salarios públicos se trata es, en cierto modo, defender la corrupción, la mentira y formas de autoritarismo que niegan la democracia. La Asamblea, precisamente por ser elegida por la ciudadanía e incluso denominarse a sí mismos los diputados como servidores públicos, no debe ocultar nada de su funcionamiento material. Puede por supuesto, reservar información sobre algunas discusiones, cuando la seguridad nacional esté en juego o cuando la información de cierto tipo de discusiones y propuestas ofrezcan datos que favorezcan ventajas para determinados grupos de poder económico o social. Pero lo que es salarios, inversiones, gastos, son por naturaleza totalmente públicos en una institución financiada por la propia ciudadanía.
La reconversión política implica evaluación. Generalmente instituciones como la Asamblea Legislativa hablan muy bien de sí mismas. Y ese es precisamente un primer elemento de generación de desconfianza. Hoy en día es prácticamente muy difícil tener claridad en un cuestión tan simple como la de cuál debe ser el número de diputados que necesita El Salvador. Honduras, con una población relativamente parecida a la nuestra tiene 128 diputados. Nicaragua 92. Nosotros 83. Pero a pesar de la relativa proporción más favorable a nosotros en el campo del ahorro, queda siempre la duda de si no sería suficiente con 60 diputados. Los resultados que se pueden observar no habla demasiado bien del conjunto, incluidos diputados y asesores. Como tampoco se ve una especial brillantez en los debates. Si además hay dudas de la eficiencia de los empleados, contratados muchos de ellos más por cercanía ideológica o familiar que por capacidad, preparación y eficiencia, quedamos siempre en la incógnita de lo que realmente necesitamos. Tener muchos asesores, gastar en ellos un buen capital público, para después decir simplezas en los debates resulta siempre sospechoso. Por supuesto que en una democracia es imprescindible la constitución de un poder legislativo. Pero la composición del mismo, el acceso a puestos de contratación, la distribución del trabajo, la relación entre contratados partidarios y contratados institucionales debe examinarse y evaluarse sistemáticamente. Un contratado como asesor legal de la Asamblea, no del partido equis, no tiene por qué tener sesgo partidario. Es más importante la calificación profesional. Pero la tendencia en los partidos dominantes es la de contratar incluso para puestos técnicos amigos e incondicionales en los que la ideología predomine sobre la capacidad técnica. Así marchan las cosas y así se desespera el ciudadano, que con frecuencia pierde la confianza en la democracia o el interés en la misma.
Ante estas consideraciones nos podemos preguntar: ¿Quién o quiénes pueden impulsar la reconversión política de El Salvador, si la misma debe ser hecha desde los partidos existentes? La respuesta no es fácil ni pueden darse soluciones inmediatas. Pero es evidente que en la medida en que la sociedad civil crezca en libertad, conocimiento e independencia, será más fácil forzar a los partidos políticos a reflexionar, mirar hacia adentro y reconvertirse a la eficiencia y el servicio más eficaz a la democracia. No se puede hacer reforma democrática sin partidos políticos. La sociedad civil debe ser implacable con los fallos de los políticos, porque sólo desde la presión los propios partidos harán reformas internas. Pero los partidos políticos son clave para lograr una democracia estable, amigable y verdaderamente justa y con responsabilidad social. En ese sentido los partidos no deberían ver la crítica como amenaza, sino como estímulo para la construir una democracia verdaderamente social, moderna y funcional para promover el desarrollo en paz y justicia de El Salvador
