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El presupuesto del GOES para 2018 es de $5520.5, con un déficit de $554, que busca corregir por medio de un extra financiamiento, y que la oposición califica como “desbalanceado”, razón por lo que aún no tenemos presupuesto pues arguye la necesidad de revisión, así como negociarlo para autorizarlo finalmente.
La oposición argumenta que se destinan recursos a elementos no vitales, señalando puntualmente la inversión en plazas, insumos, misiones, etcétera; todas innecesarias según ellos, las que de concretarse los recortes propuestos, desaparecerían.
Las plazas en cuestión fueron creadas en las 2 gestiones progresistas, que equivalen a cargos policiales, médicos, docentes, etcétera, los cuales dinamizan la gestión gubernativa, contribuyendo al reconocimiento recibido por la presente administración por parte del actual gobierno de los EU, por la gestión económica en las dos últimas administraciones, que empujó el crecimiento del PIB de los últimos 8 años, de acuerdo al BID.
Los reclamos de la oposición, que como bloque demanda, parten del supuesto que infiere que el recorte de la inversión reporta en teoría un ahorro para las finanzas públicas, siendo ello negado por múltiples estudios que demuestran lo contrario, dado para exponerlo el caso de nuestro país, que paso de un estado de crasa deflación hasta 2009, a un crecimiento sostenido desde 2012 y que ronda el 2.2% en promedio (hasta 2.5% el 2015, siendo el de mayor crecimiento en los últimos 20 años), y debido al incremento en la inversión en materia social realizada en las 2 administraciones progresistas, corroborado ello tanto por el BID como por el BM –que en su momento cuestionaron los informes anuales de supuesto crecimiento que las administraciones de derecha hacían en aquellos años y que no eran sino documentos con cifras sumamente infladas, denunciadas incluso por sus tanques de pensamiento- y recogidos en los informes del BCR de estos años.
Por otro lado al demandar recortes la oposición no propone alternativas para que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales, considerando sin duda que el nicho que el Estado abandone al incumplirlas lo retomará el sector privado, olvidando per se el fracaso de la experiencia privatizadora de las anteriores administraciones, o, de manera intencional empujando a la actual administración al mismo abismo, con el mismo implícito resultado de concretarse.
Lo cierto es que la austeridad referida por entidades internacionales es relativa a gastos superfluos, como los privilegios de los que goza el sector judicial (que es porcentualmente el que más recibe en relación a los demás, pero el que menos produce en relación a lo invertido en él), legislativo y partidario, así como el revisar la calendarización de eventos electorales, y de paso, abordar finalmente y de modo técnico, el tema impositivo y de pensiones.
Es todo ello una genuina grasa que ralentiza al Estado impidiéndole el cumplimiento de los deberes que detenta, y distrayéndole de la administración de lo público, mientras se favorece a los privados que son los beneficiarios del desorden no solo heredado, sino constituido para preservar tales vicios institucionales.
