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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
José Luis Magaña, economista de AltavocES, afirmó, que el gobierno ha declarado que necesita 8 mil 902 millones de dólares para funcionar el año 2023, aunque señaló que existen elementos que evidencian que este Presupuesto General padece de una falta de gestión presupuestaria o de una irresponsabilidad en la forma en que se está organizando.
La Plataforma Ciudadana AltavocES abordó el tema de la “Política Fiscal para Garantizar Derechos Proyecto 2023”, en donde el economista José Luis Magaña, realizó algunas valoraciones sobre los términos de los ingresos a la Hacienda Pública, resaltando que hay cifras “que no terminan de cuadrar de como están planteadas en el Presupuesto”,y la afectación directa a las mujeres en pobreza relativa y extrema por los recortes a la inversión social.
Sobre los presupuestos públicos, Magaña reafirmó que estos “reflejan las prioridades de los gobiernos más allá de los discursos” que es un mensaje claro de la realidad y la ciudadanía puede verificar que Carteras de Estado son las favorecidas con mayor asignación.
“Cuando vemos que las prioridades del gobierno en el análisis que hemos hecho, nos damos cuenta que desde el 2019 hasta este último presupuesto el mayor recorte ha estado en el Ministerio de Medio Ambiente y el principal incremento lo ha recibido el Ministerio de Defensa, ni el Ministerio de Justicia, ha sido el de Defensa, allí podemos ver las prioridades”, afirmó.
Sobre los derechos de las mujeres y la asignación del presupuesto, Magaña explicó que solamente de Ciudad Mujer ( 2019 a 2023), su financiamiento pasó de 11 millones a 7 millones (2023), una reducción de 4 millones de dólares en lo que va del período presidencial.
Y que dicha reducción en el presupuesto era tan grave, como la reducción de la presencia de las instituciones que participaban en los componentes de Ciudad Mujer, cuya lógica centralizaba servicios de instituciones públicas en un mismo espacio.
El economista dijo que dejaron de presupuestar su presencia al interior, al dejar de asignar presupuesto como el INSAFORP y la Procuraduría General de la República. Y solo ha quedado el ISDEMU, a cargo del programa, el Ministerio de Salud y Ministerio de Agricultura y Ganadería.
“La LEI y LEIV, que son marcos jurídicos de protección de los derechos de las mujeres, establecen que deben contar las instituciones públicas con presupuestos específicos para dar cumplimiento a estas leyes. El órgano Ejecutivo, para 2023, las líneas presupuestarias para dar cumplimiento a ambas leyes son 107 mil dólares, son 400 mil dólares menos para este año y casi 1.9 millones menos que hubo para el año 2019”, señaló Magaña.
Asimismo, abordó el tema del pago de los restantes Eurobonos, que se vencen en enero 2023, que según Magaña, están incluidos como parte de deuda ya aprobada y que generó “ruido” que el Ministerio de Hacienda presentara una solicitud de financiamiento por esos mismos 667 millones de dólares, al expresar sus dudas en la configuración del financiamiento presupuestario.
A esta falta de transparencia en la información y discusión sobre los recortes o aumentos del Presupuesto General de la nación , Magaña lo calificó de “debilidades”, que al final terminarán afectando a la ciudadanía en general en acceso a la salud, educación y otros programas sociales.
“Si hablamos del tema de la distribución de los Gastos resulta interesante que los recortes a presupuestos los que más tienen son el Ministerio de Seguridad y Justicia y la Presidencia, pero al observar esta última, está relacionada con un préstamo del Banco Centroamericano que ejecuta el INDES por infraestructura deportiva, que ya se ejecutó buena parte en el 2022, por lo tanto, para el 2023 se ve como un recorte”, dijo.
“Y si vemos en detalle el Ministerio de Educación, tiene un aumento a nivel general, pero la parte del Presupuesto del MINED, que proviene del Fondo General -es decir- del que se financia con los ingresos generales del Estado, esos fondos que provienen de los impuestos que se recaudan y que pagamos, eso ha disminuido con respecto al 2022. Y el incremento que vemos proviene de una mayor dependencia de préstamos externos”, acotó Magaña.
Sobre l os programas sociales que se pagan con “fondos generales”, estarían expuestos a mayor fragilidad en su sostenibilidad, principalmente en el caso de educación, lo que consideró preocupante para dotar a la población de educación formal.
“Hemos encontrado debilidad al presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente, en donde la asignación presupuestaria tradicionalmente ha sido muy baja. Además, inquieta para el año 2023, los recortes en unidades como: la Evaluación y Cumplimiento Ambiental que da permisos ambientales y al Observatorio de Amenazas y Recursos Naturales, que provee información ante los escenarios del cambio climático, esa reducción en áreas tan estratégicas, me parece bastante preocupante”, indicó.
Otra debilidad, que señaló el economista, está relacionada con el presupuesto de operatividad del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), al señalar la entrega de los “paquetes agrícolas” para las y los pequeños agricultures del país, que producen alimentos a los mercados locales.
“El MAG, en el financiamiento de los Paquetes Agrícolas para este año tuvo la asignación de 19 millones de dólares, un monto que resultó bajo para poder completar toda la entrega de estos paquetes y tuvieron que echar mano de 43 millones de dólares más para terminar de financiarlo. Estamos hablando de casi 63 millones de dólares para completar la entrega de paquetes”, manifestó.
Sin embargo, “El presupuesto de paquetes agrícolas para el 2023 nuevamente se ha presupuestado 19 millones de dólares, cuando saben que esa asignación no es suficiente y por tanto, nuevamente tendrán que buscar recursos adicionales para tener que financiar el programa. Que será un retraso en la entrega de paquetes y, por tanto, en la producción de alimentos en el país”, sostuvo Magaña.
El retraso de la entrega de paquetes también implica un elemento de “inseguridad alimentaria”, reiteró Magaña, al señalar que una entrega de paquetes agrícolas, atrasados, va a generar que los y las agricultoras siembren en desfase de la estación lluviosa y a esas cosechas terminarían perdiéndolas, lo que consideró se puede prevenir con una asignación adecuada del Presupuesto General.
“La mayor debilidad, que veo del Presupuesto, es que se está discutiendo de espaldas a la población. Hasta este momento los datos de los que estamos hablando son de un documento que se emitió desde la Asamblea Legislativa, pero el Ministerio de Hacienda sigue sin publicar este proyecto de presupuesto y, por lo tanto, se está fraguando un presupuesto con debilidades y recordemos que este se paga con los impuestos que pagamos como ciudadanía”, argumentó Magaña.
