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La Red por el Derecho a la Comunicación (ReDCo) exige que la Sala Constitucional rectifique los errores de su sentencia sobre la Ley de Telecomunicaciones en la resolución aclaratoria que emitirá próximamente. La ReDCo demanda correcciones en lo referido a la renovación de las concesiones y los anchos de banda en el sistema digital.
La Sala, help a pesar que declaró inconstitucional la renovación automática, permitió que las actuales concesiones se renueven por un período más sin ningún procedimiento de verificación de la SIGET. Y sobre la digitalización, estableció que se mantengan los mismos anchos de banda sin tener en cuenta los nuevos canales y frecuencias que generará el dividendo digital.
Esto, en la práctica, perpetuaría por al menos 20 años más el actual esquema mediático y aumentaría la concentración en el futuro sistema digital. Por tanto, la ReDCo exige que la Sala rectifique tales disposiciones: establezca un proceso de renovación para las actuales concesiones y permita aprovechar el dividendo digital para que ingresen nuevos operadores.
La petición de la ReDCo coincide con el planteamiento de la Relatoría de Libertad de Expresión de la OEA. En una carta reciente, el Relator Edison Lanza cuestiona duramente la sentencia de la Sala.
“La Relatoría observa con preocupación que la Sala haya establecido que la prórroga automática de las licencias sea un derecho adquirido de los actuales concesionarios y, en consecuencia, que los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad no pueden alterar una próxima renovación o prórroga del plazo de los actuales concesionarios”, señala el Relator.
Lanza agrega que tal decisión “resulta de mayor preocupación en el marco del proceso de transición a la televisión digital”. “Que el Estado deba asegurar la continuidad de las transmisiones de los operadores existentes en el nuevo entorno digital no significa, necesariamente, que tengan un derecho adquirido de acceder a un nuevo canal o frecuencia completo para su uso exclusivo, de manera automática, sin concurso y sin costos”, sostiene la carta.
El Relator aclara que “la noción de derechos adquiridos no supone un derecho a la propiedad del espectro utilizado, sino la seguridad jurídica de mantener sus emisiones en condiciones similares…”. Lanza recuerda que “uno de los objetivos del proceso de digitalización es lograr un sistema de medios más diverso y plural que el existente con las tecnologías analógicas”.
Ojalá, pues, que los Magistrados de la Sala rectifiquen, por el bien de la libertad de expresión, el pluralismo informativo, la diversidad mediática y la deliberación democrática.