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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
El Fiscal General de la República anunció recientemente que se había puesto fin al conflicto que la empresa italiana ENEL tenía contra el Estado salvadoreño, diagnosis sick alegando ser propietaria de la mayoría de las acciones de la empresa geotérmica conocida como “LA GEO”. El litigio duro ocho años en los tribunales internacionales y a pesar de los esfuerzos de nuestra defensa, pharm las condenas al Estado salvadoreño, eran siempre el resultado.
Para una gran mayoría de salvadoreñas y salvadoreños fue siempre claro que sus gobernantes carecen de facultad para entregar a terceros el dominio del subsuelo, sin cumplir con requisitos constitucionales según los cuales una concesión requiere de autorización de la Asamblea Legislativa, cuestión que fue ignorada por los funcionarios que suscribieron contratos con ENEL.
Esos fallos mandaban a pagar sumas millonarias en multas, lo que es peor, cumplirlas sin atender nuestra legislación habría hecho incurrir en delitos, al entregar el dominio accionario de la empresa a la italiana ENEL GREEN POWER. Los tribunales salvadoreños establecieron la responsabilidad civil y penal de los funcionarios del ex presidente Francisco Flores, en un proceso diferente al que se realizaba en defensa del país en tribunales internacionales.
Ese entrampamiento que impedía al Estado entregar el dominio a terceros para decidir sobre un recurso que conforme a nuestra Constitución es esencialmente público, y a su vez la existencia de resoluciones de tribunales externos, motivó la búsqueda de un acuerdo que resuelve al país el litigio y le permite a la empresa recuperar sus inversiones.
Es conocido que ese proceso de diálogo se desarrolló bajo el auspicio de las instancias internacionales creadas para ese tipo de litigios (CIADE), que se manejó con reserva hasta alcanzar el acuerdo. Ha participado como es debido, la institución encargada de representar al Estado en este tipo de litigios, el acuerdo fue firmado por el Fiscal General de la República en representación de nuestro país y, la empresa endosó las acciones suyas al Estado salvadoreño, levantándose el embargo que El Salvador había establecido, por el que ha recibido 287 millones de dólares.
Es importante darnos cuenta que las reacciones iniciales de quienes en el pasado criticaban al Estado por negarse a entregar el dominio de LA GEO, celebraron el acuerdo, aunque también ha sido evidente el rápido giro hacia el cuestionamiento hecho por voceros del partido Arena, partido que gobernaba al momento de entregar los recursos en concesión sin el aval legislativo establecido en nuestra Constitución.
Ahora se abre un camino para que LA GEO se convierta en un factor de desarrollo energético e incida en el desarrollo social y económico de nuestra sociedad.
Es de destacar el sentido patriótico con el que se ha procedido en la administración presidencial de Mauricio Funes y ahora de Salvador Sánchez Cerén; el apego y respeto al sentimiento ciudadano de la mayoría de nuestra población que reprochaba los desaciertos y la forma delictiva con la cual se estuvo dispuesto a entregar un recurso estratégico.
No cabe duda que mientras algunos se encargan de criticar, descalificar y obstaculizar el funcionamiento del gobierno, los titulares de las instituciones trabajan con alto sentido de responsabilidad, esa ha sido la conducta de CEL como actor decisivo y de la Fiscalía.
Al enterarnos del acuerdo alcanzado, se puede uno imaginar que son muchas personas las que han debido contribuir y creer en la importancia de la soberanía, de la legalidad y del deber de contribuir a acciones edificantes emprendidas y desarrolladas de buena fe, con sentido de nación; todas y todos quienes hayan debido aportar en ese proceso de solución, merecen nuestro respeto, el reconocimiento de un país que se empeña en salir adelante, en resolver viejos y complicados problemas.
Lo cierto es que este problema que vino encarándose en los últimos años ha dejado un sentimiento popular de indignación; a ratos de impotencia frente a hechos consumados como privatización ilegal durante el gobierno de Francisco Flores y por eso mismo debemos acoger con beneplácito el acuerdo alcanzado.
De este proceso hay mucho que aprender, lo dejó claro el informe que la Comisión Especial que investigó el caso evidenció como procedieron para intentar darle visos de legalidad.
Las generaciones presentes y futuras deben extraer lecciones y asegurar que nunca más ocurran privatizaciones ilegales e inconvenientes al interés del pueblo salvadoreño.
