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@SilviaCoLatino
Bernardo Belloso , presidente de la Asociación para el Desarrollo de El Salvador (CRIPDES) afirmó que pese a que el país se blindó con la Ley de Prohibición de la Minería Metálica y se toma conciencia que los recursos naturales no son infinitos, aún persisten amenazas, como la Minería Transfronteriza que viene de los países vecinos en la región centroamericana.
Y no es para menos, la minera canadiense Gold Corp que vendió el 100 % de sus acciones recientemente a Bluestone Resources en 18 millones de dólares, del proyecto minero “Cerro Blanco” en Asunción Mita, Jutiapa, Guatemala, es una amenaza latente para el río Ostúa de Guatemala y El Salvador que comparte cauce con el Lago de Güija.
¿Cómo la minería transfronteriza ha llegado a convertirse en amenaza?
-En Guatemala tenemos un proyecto que ha sido cuestionado por las mismas comunidades guatemaltecas, desde que se iniciaron las exploraciones de minería, en el proyecto Cerro Blanco generó grandes problemas de conflictividad en las poblaciones que hicieron presión y también generó problemas en las aguas de los ríos cercanos al proyecto minero.
En este momento este proyecto minero está en un proceso de negociaciones con otra empresa, la minera Gold Corp vendió sus activos y cedió su permiso a la minera Bluestone. Lo que significa que estas empresas que decidan llegar a explotar en este momento serán mucho más voraces para destruir los recursos naturales, y mucho más, con las comunidades que están defendiendo sus territorios.
Esto nos debe calar a nosotros los salvadoreños y ser solidarios con estas comunidades; como población que hemos sufrido este tipo de experiencias con la empresas minera debemos generar apoyos a nuestros pueblos hermanos y vecinos por tanto, la lucha no puede acabar en este momento debemos apoyar a Guatemala y Honduras.
¿Cuál es la situación en Honduras?
-Con Honduras no se diga, existen alrededor de 50 proyectos identificados en la zona fronteriza de la cual, estamos bastante claros que estarían contribuyendo a destruir los recursos naturales y principalmente el recurso hídrico de nuestro país. Hablamos del río Sumpul que estaría siendo afectado en sus aguas, porque estaría sumamente expuesto a los desechos tóxicos mineros que pueden generar las empresas mineras en Honduras.
Y no estamos exagerando, ahí en la zona de Chalatenango que pasa por San José Las Flores y Arcatao, esos lugares que cuando pasamos sus fronteras encontramos zonas que están marcadas por las empresas mineras. Y tenemos que ponernos en función de trabajar con la población de Honduras y Guatemala, porque estas comunidades también están recibiendo represión.
¿Qué trabajo hay con los gobiernos del área sobre este tema?
-Sí, consideramos importante hacer incidencia con los gobiernos de Honduras. Guatemala y El Salvador para que vayan aprobando instrumentos legales que permitan a los pobladores poder defender no solo sus tierras o su medio ambiente, sino también su soberanía y su vida.
Hay amenazas con la minería transfronteriza y la principal amenaza es con el recurso hídrico y no olvidemos que hay intenciones claras de privatizar este recurso. Esto merece ser analizado a profundidad y divulgarlo en el país para que la gente reaccione y no permita este tipo de abusos, porque el agua es un derecho humano.
¿Cómo puede encajar la reciente ley aprobada en El Salvador, con los gobiernos vecinos?
-Creemos que se pueden hacer esfuerzos para crear un instrumento jurídico a nivel centroamericano, que revindique esos derechos que están siendo violentados en la región.
Eso significa que debemos estar unidos y concretarnos en una estructura que pueda realizar una serie de denuncias a nivel nacional, regional e internacional, sobre estos problemas que generan las mineras.
Es que esta acción de defensa de los recursos naturales debe partir de los pueblos que son los principales afectados por este tipo de proyectos extractivos, también consideramos, y que como comunidades de El Salvador podemos hacer incidencia o por lo menos, llevar a la discusión este tema que pone en vilo la vida de los pobladores.
Así también, con las Cancillerías podríamos trabajar recordemos que el Plan Trifinio aglutina a Guatemala, Honduras y El Salvador que en conjunto mantienen un área protegida entonces podemos discutir en esta instancia. Y precisamente, sabemos que se han desarrollado exploraciones mineras en Honduras que últimamente ha renunciado a ciertos kilómetros cuadrados de esa zona de protección de biosfera para ponerlo a disposición de las empresas mineras.
¿Qué significa esto?, que si no ponemos presión social estos gobiernos no pactarán la protección de la Biósfera y en particular Honduras y Guatemala, que consideramos preocupante porque últimamente han sido gobiernos promineros lo que se convierte en una disposición para exponer los recursos naturales y es más difícil si la gente está siendo reprimida o está siendo exiliada de sus lugares de residencia, entonces hay que trabajar en eso a fondo.
¿Cómo organizaciones sociales qué falta ahora, con la reciente ley de prohibición de la minería?
-Bueno, en cuanto a la aprobación de la norma jurídica por la Asamblea Legislativa, creo que como organizaciones y comunidades que sufrimos esa situación no debemos dejar ese espacio que hemos conquistado públicamente para hacernos sentir.
Además, No debemos dejarle espacios a las empresas mineras para que, en algún momento traten de proponer otros instrumentos jurídicos que les favorezcan; es por eso que estamos obligados como comunidades y organizaciones a exigir y demandar a todos los órganos del Estado que se nos tome en cuenta, y en este caso el Ejecutivo para dar nuestra posición en las disposiciones que tengan las comunidades junto a las organizaciones para la redacción de ese reglamento que dará operatividad a la ley.
¿Qué más se necesita?
-Es importante promulgar el texto de la ley de prohibición de minería. Cuando nosotros realizábamos nuestras consultas populares para emitir ordenanzas municipales de prohibición de la minería fueron efectivas, porque se generó un empoderamiento de esos instrumentos jurídicos en las comunidades con sus líderes comunales y los comités de mujeres, comités de jóvenes, que ahora saben que es ley dentro de su municipio. De eso se trata con las leyes, promoverlas, divulgarlas y discutirlas, incluso.
Nosotros, iniciamos el proceso desde la parte organizativa que es la parte medular y así enfrentar cualquier problema que aqueje a las comunidades.
Las ADESCOS son importantes porque pueden demandar sus Concejales y Alcaldes para exhortarlos a pronunciarse y compartir en conjunto este nuevo instrumento jurídico y aquí pueden participar también comités de jóvenes, comités de mujeres y las intercomunales y ellos a su vez, las promuevan a sus comunidades esta es la única manera efectiva.
Y si vamos más alto, el Gobierno podría a través de los ministerios de Medio Ambiente y Educación incluir esta información sobre la Ley de Prohibición de Minería Metálica, para que los trabajadores de las mineras no lleguen a los territorios con información falsa diciendo que pueden explotar sobre los minerales metálicos, porque ya está prohibido por ley además, es penalizado, entonces debemos estimular también la denuncia.
¿Cuál es su evaluación de la postura de la Iglesia Católica en este tipo de temas sociales?
-Recordemos al presidente de la ANEP (Luis Cardenal) que criticó al Obispo Escobar Alas y también el propietario de El Diario de Hoy (Fabricio Altamirano) eso significa que la postura de la Iglesia tocó los intereses económicos relacionados con la explotación de los recursos naturales. Y la defensa del Prelado fue que defendía la vida de la población.
Y es tal, su decisión que ya habló sobre la necesidad que se apruebe una Ley General de Agua y que se garantice el derecho humano a este recurso. Nosotros como organizaciones le tomamos la palabra a Monseñor Escobar Alas porque tenemos más de una década impulsando toda una lucha social a nivel nacional para que no se privatice el recurso hídrico y que exista un marco jurídico justo.
Los temas como Seguridad Alimentaria y la prohibición de agro químicos altamente tóxicos que generan enfermedades renales, en especial en la zona costera con el monocultivo de la caña de azúcar que utilizan el glifosato, la Iglesia de forma coherente ha decidido acompañar a las comunidades y organizaciones para defender la vida, que es la parte medular de nuestras luchas.
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