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Gloria Silvia Orellana
@GloriaCoLatino
Las organizaciones sociales aglutinadas en la Red de Ambientalistas en Acción (RAA) instaron a los tres poderes del Estado a trabajar de forma inclusiva con la sociedad civil, sick stuff para emitir políticas integrales en materia de gestión de riesgo y protección del medio ambiente en El Salvador.
Cindy Mártir manifestó que la deforestación del territorio por el monocultivo de la caña de azúcar y el alto consumo de agua de las comunidades viene a agudizar el Cambio Climático al impactarlo con sequías o inundaciones.
“Denunciamos que el derecho humano al agua está siendo constantemente amenazada por la privatización, patient pharmacy ante la negativa de los partidos de la derecha de no dar sus votos para discutir la Ley General de Aguas y Saneamiento, nurse o ratificarlos como un derecho humano con la reforma del artículo 69 de la Constitución de la República”, explicó.
Sonia Sánchez, del grupo de Mujeres de Santo Tomás, expresó su preocupación por la constante violación de leyes nacionales y territoriales en el uso y tenencia de la tierra en los municipios del territorio salvadoreño.
“En Santo Tomás no se aplican las leyes de protección del gobierno local… porque dan permisos ambientales en lugares de recarga acuífera y hemos visto como los empleados municipales en las Unidades Ambientales, no tienen conocimientos de estas ordenanzas, lo que afecta directamente a las comunidades que residen en la zona”, afirmó.
Las organizaciones demandaron también de la sociedad civil, la participación para crear un “Observatorio de Justicia Ambiental”, a manera de fiscalizar el trabajo de las autoridades frente a la responsabilidad de conservar el medio ambiente, que pueden constituirse en acciones, iniciativas y emisión de leyes.
En cuanto a las declaraciones de la Ministra Lina Pohl sobre el “Acuerdo de París”, al que consideró “optimista”, Sonia Sánchez expresó: “Con todo respeto de la funcionaria pero aquí vivimos en una zona altamente vulnerable y degradada, aquí falta hablar del respeto a las leyes que existe; a formular nueva legislación y dejar participar a las poblaciones. Quienes somos los que vivimos esas realidades, porque ya estamos viviendo el Cambio Climático y la respuesta es clara y evidente, el Cambio Climático agudiza las condiciones de los ecosistemas”, argumentó.
La Red Ambientalista y la UNES reiteraron a la Dirección Nacional de Protección Civil mayores iniciativas de prevención y mitigación de desastres y redactar una Política de Gestión de Riesgo con enfoque preventivo y de sustentabilidad.
Sonia Sánchez agregó: “Se deben realizar las acciones de protección de las micro cuencas como el río el Cilero o el Arenalón en Tonacatepeque y proteger las zonas de conservación en leyes establecidas para las zonas de conservación como el Complejo Barra de Santiago, Zánjon del Chino y la negativa a dar permiso que atenten contra los bosque por construcción”, reiteró.
Asimismo, Marta de Cortéz pidió a la Ministra de Medio Ambiente, Lina Pohl, declarar “Áreas Naturales Protegidas” al Cerro de San Jacinto, Volcán de San Salvador y la Cordillera del Bálsamo. Así como una coordinación efectiva y más fuerte de los ministerios de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y Agricultura y Ganadería (MAG) para que junto a las municipalidades coordinen un mejor trabajo en materia ambiental.
“Demandamos del Órgano Legislativo la ratificación del artículo 69 de la Constitución de la República para reconocer el derecho humano el agua, la aprobación de la Ley General de Aguas, la Ley de Soberanía Alimentaria; y la prohibición total del uso de agroquímica y la minería metálica; y para el Órgano Judicial continuar con la implementación de los Tribunales Ambientales, para llegar a una justa aplicación de la Ley Ambiental”, dijo.
