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Gloria Silvia Orellana
@DiarioCoLatino
“Actualmente, se están desarrollando algunas acciones para consolidar la Consulta Municipal de Vecinos que se realizó en Asunción Mita, Guatemala, en septiembre pasado, un esfuerzo ciudadano que responde al interés primario de la vida y en contra de la mina Cerro Blanco”, explicó, David Paredes, de la Red de Defensa de la Soberanía Alimentaria de Guatemala (REDSAG).
“Porque afectará grandemente a la población miteca y por consecuencia a las comunidades que están en la cuenca Ostua-Güija- Lempa, y claro a nuestro hermano país El Salvador”, agregó.
La Red Centroamericana por la Defensa de las Aguas Transfronterizas (RedCAT El Salvador) realizó un pronunciamiento frente al futuro inmediato del proyecto minero Cerro Blanco y la Cuenca Ostua-Güija- Lempa, que significará un impacto negativo y de consecuencias irreversibles para este recurso hídrico que eleva el riesgo a la salud y vida de habitantes de la zona fronteriza de Guatemala y El Salvador.
Los pueblos de los países en vías de desarrollo históricamente son víctimas indefensas, frente a los proyectos macros y extractivistas de naciones industrializadas, que disponen de recursos naturales, blandiendo argumentos de generación de empleos e inversión financiera en los territorios.
David Paredes comentó que existen algunas acciones por parte de la empresa minera transnacional, BlueStone Resources, de origen canadiense, que bajo reucursos legales ha tratado de revocar la decisión tomada por la población de Asunción Mita.
No obstante, la más reciente resolución de la Corte Constitucionalidad ha dado un respiro a la población ante la revocación del amparo provisional que había interpuesto un trabajador de la mina Cerro Blanco, para invalidar el proceso de consulta ciudadana.
“Esta resolución de la Corte de Constitucionalidad, deja en vigencia la actual Consulta Municipal de Vecinos que es contundente y que ha dicho no a la minería en su territorio”, señaló.
“Ahora lo que queda es seguir la aplicación que dicta el Concejo Municipal de Asunción Mita, que deja como válida y en vigencia esta Consulta Municipal de Vecinos y ver que acciones se van a generar para el cierre de la mina Cerro Blanco. Aunque continúen los intentos de BlueStone, tratando de vender que la mina que ahora es de túneles (subterránea), será algo nuevo cuando la trabajen a cielo abierto para dejar sin vigencia la consulta de vecinos”, manifestó.
Sobre la postura del pueblo miteco entre la confrontación legal, Paredes, añadió, que las comunidades “están listas”para reaccionar y presentar las causas jurídicas para revocar estas acciones de la minera transnacional.
“Son argucias de la empresa y que tristemente están asociadas a nuestros funcionarios corruptos, y que en este caso se ha privilegiado siempre a las empresas por el bienestar de la población. Y como sociedad civil organizada nos ha tocado realizar acciones jurídicas correspondientes”, dijo.
“Y en las acciones sociales en contra de la minería, el gobierno -de hecho- en su política tiene una apertura total para los proyectos extractivos existen muchos intereses privados que están afectando las decisiones de gobierno y eso es lo que se está debatiendo en las salas jurídicas”, reiteró Paredes.
En cuanto al “modelo extractivista que impera en la región” , advirtió, David Pereira, del Centro de Investigación sobre la Inversión y Comercio (CEICOM), esta se encuentra determinada por la ausencia de una perspectiva de sustentabilidad, sostenibilidad y socio ambiental en la gestión política y económica de los actuales gobiernos.
“Estas actividades económicas que se realizan en las zonas fronterizas entre los países, en nuestro análisis y frente a esta situación no deberían realizarse a partir de -fronteras administrativas-, sino por las cuencas hidrográficas compartidas y transfronterizas, ya que sus impactos son para ambas naciones”, sostuvo.
“El caso del proyecto minero Cerro Blanco se define como transfronterizo y se localiza en la Cuenca del río Lempa, que nace en Guatemala y que sus impactos negativos alcanzarán sin duda alguna a El Salvador, existen diferentes estudios realizados a nivel nacional e internacional que demuestran estos múltiples impactos negativos”, argumentó Pereira.
El uso del cianuro para liberar los metales pesados del subsuelo y la potencial generación de “drenaje ácido”, que según datos científicos se debe a la lixiviación de material sulfurado que proviene de los relaves, ripios, botaderos más el oxígeno y agua, que tiene un impacto potencial y devastador a largo plazo de ríos, arroyos y su vida acuática.
“La contaminación de la mina Cerro Blanco tendría una potencial contaminación del río Lempa, ya que el lago de Güija es tributario, pues recibe el agua del río Ostua de Guatemala. Por tanto, las afectaciones serían la población guatemalteca que vive cerca del proyecto, y luego pasa al país”, sentenció.
“Los resultados de la Consulta Municipal de Asunción Mita fueron contundentes contra el proyecto minero Cerro Blanco. Del total de la población que acudió a votar, el 87.98% votó en contra de los proyectos de minería metáica y solo un 10.63 lo hizo a favor”. No hay ninguna duda, es una victoria absolutamente legal y legítima la lucha antiminera en la zona fronteriza”, acotó Pereira.
RedCAT demandó del gobierno de Guatemala respetar la decisión expresada de manera contundente de la población miteca, respetar la integridad física y moral de las personas defensoras comprometidas con el medioambiente y no otorgar el permiso de explotación a la minera canadiense BlueStone Resources.
Y para el gobierno de El Salvador, cumplir y acatar el artículo 33 de la recién aprobada Ley General de Recursos Hídricos, que obliga al Estado a negociar y suscribir “Tratados y Convenios Internacionales” de cuencas, drenajes o cuencas transfronterizas, ya sean estas binacionales o multilaterales.
Guillermo Navarro, del Equipo Técnico de Cáritas El Salvador, acotó que esperan que el Ministerio de Relaciones Exteriores establezca a corto plazo un “diálogo con sus homólogos de Guatemala”, para establecer un acuerdo sobre las aguas transfronterizas, aunque lamentó el “silencio” de la administración actual del gobierno salvadoreño.
“No hemos visto esa voluntad, -es más- nos preocupa que el gobierno de El Salvador sea parte de un Panel Internacional de Minería Responsable, eso es preocupante porque entendemos de alguna manera, el porqué del silencio del gobierno en relación a este proyecto de la Mina Cerro Blanco”, señaló Navarro.
Asimismo, consideró contradictorio que el ministro de medio ambiente, Fernando López, declare que la operación minera Cerro Blanco se convertiría en un tema de “riesgo para el medio ambiente salvadoreño y su soberanía” (mayo 2022), y que lo abordan desde la Cancillería, pero “carecen de coherencia con todo el debate sobre esta amenaza minera”, al considerar que no existe una postura clara de la administración del presidente Nayib Bukele.
“Hemos encontrado que desde el gobierno salvadoreño solo ha primado un gran silencio en relación a este proyecto minero Cerro Blanco, pese a la evidencia existente de los efectos que tendría este proyecto en nuestras aguas y que pondrá en riesgo la sustentabilidad del lago de Güija y por consiguiente el río Lempa”, agregó.
“Este recurso tan importante por todo el consumo de agua y todas las actividades económicas que genera en toda su gran cuenca, y es contradictorio que asuman esa -política de silencio- cuando deben trabajar por una política clara de no a la minería metálica y eso aquí, no lo estamos viendo, realmente”, puntualizó Navarro.
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