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Rebeca Henríquez
Colaboradora
@DiarioCoLatino
Reducciones y porcentajes presupuestarios insuficientes para las instituciones de control de corrupción, criminalidad y fiscalización de los fondos públicos, reveló el informe “Asignación Presupuestaria a instituciones de control. Periodo 2015-2022”, presentado por Acción Ciudadana, organización enfocada en la contraloría ciudadana de la región.
Acción Ciudadana presentó el informe presupuestario donde se evaluó a instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), Procuraduría General de la República (PGR), la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG), la Corte de Cuentas de la República y el Órgano Judicial.
La organización advirtió que la necesidad presupuestaria de la FGR es mayor que los presupuestos aprobados. Según las proyecciones, en el año 2020, la institución necesitaba $175 millones para mejorar los servicios. Sin embargo, solo fueron aprobados $91 millones, brecha presupuestaria que cada año sufre un incremento y que aún con el aumento al presupuesto que años anteriores se hizo, no es suficiente para cubrir las necesidades de la institución.
Eduardo Escobar, director de Acción Ciudadana, reveló que de las instituciones que intervienen en la seguridad pública, la FGR tiene menor participación en el presupuesto general, ya que de 1.49% en 2021 disminuyó a 1.42% en 2022, mientras que la Policía Nacional Civil (PNC) redujo 0.54% de los 8.54% presupuestados, caso contrario, la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) incrementó de 2.95% a 3.22%.
En el caso de la PGR el presupuesto establecido rebajó $2.8 millones para el periodo de 2022, aspecto que la organización catalogó como “contradictorio”, ya que las políticas presupuestarias del presente año están enfocadas en la educación, salud, aprendizaje y protección a la niñez, en cambio, se disminuyó el porcentaje a la institución lo que puede provocar violaciones a los derechos humanos, según la organización.
La PDDH, institución que cumple un rol importante bajo el régimen de excepción que se vive actualmente en el país, disminuyó su presupuesto en un 20%, de $15 a $12 millones aproximadamente, en comparación a 2021.
Respecto al IAIP tuvo un aumento presupuestario en 2022. De 2015 a 2021 el rango de presupuesto se mantuvo entre $1.4 millones a $1.8 millones cifras que sobrepasaron los $2 millones en 2022.
El TEG mantuvo su presupuesto de 2021 de $3.1 millones al igual que la Corte de Cuentas de la República con $48.7 millones.
En 2022 el Órgano Judicial aumentó su presupuesto a $394 millones, aspecto que se reflejó en áreas como administración de justicia, infraestructura física y Medicina Legal.
A pesar de que El Salvador es el segundo país centroamericano con mayor porcentaje de financiamiento destinado a instituciones de control con 7.75%, Acción Ciudadana advirtió que las asignaciones presupuestarias 2022 podrían ser insuficientes para atender las demandas sociales a nivel estatal, se verían reflejadas en violaciones a los derechos de la población, por lo tanto, la organización instó al Gobierno a destinar mayor financiamiento a las instituciones relacionadas con el papel contralor.
