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Por Leonel Herrera*
El abogado Luis Parada advirtió recientemente al país que el presidente Nayib Bukele reactivará la minería metálica si es reelecto en 2024. “Miembros del propio gobierno me han dicho que la minería metálica está en los planes del segundo mandato”, declaró, en un reportaje de Audiovisuales UCA, el abogado que defendió al Estado salvadoreño ante las demandas de empresas mineras en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI).
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Las afirmaciones del célebre abogado salvadoreño radicado en Estados Unidos coinciden con varios hechos públicos que muestran el interés del gobierno en retomar los proyectos mineros a pesar de estar prohibidos por ley, entre éstos: la incorporación de El Salvador a un foro de países que promueven la minería, la aprobación de una nueva ley de hidrocarburos y minas que incluye minería metálica, la asignación de 4.5 millones de dólares para “actualizar la ley que prohíbe la minería”, la presencia de personas extranjeras comprando o alquilando terrenos con potencial minero en Cabañas y otros mencionados en artículos anteriores.
Estos hechos concretos sugieren que Nayib Bukele está preparando las condiciones para la minería metálica, pero la reactivará hasta después de las elecciones para evitar que el costo político provocado por los graves daños ambientales afecte su reelección inconstitucional.
Esto significa que si Bukele logra reelegirse ilegalmente para un segundo mandato, El Salvador no solo enfrentará el acabose de la democracia y la consolidación dictatorial, sino también la destrucción ambiental de la minería que acabaría con el país. Por tanto, evitar la reelección es condición necesaria para salvar la democracia y para salvarnos de las mortales consecuencias de la explotación minera.
Bukele y sus hermanos deberían admitir que la dictadura y la minería no son viables en el país. La prolongada dictadura militar culminó con una sangrienta guerra civil de doce años antecedida por una década de grandes movilizaciones sociales y guerra irregular, y una nueva dictadura conduciría inevitablemente a otra confrontación; mientras que la minería metálica no es factible debido a la estrechez territorial, la sobrepoblación y crisis del agua.
Si la explotación minera causa graves daños aún en países con otras condiciones territoriales, sociales e hídricas, en el país nos dejaría sin agua y con una enorme estela de contaminación con cianuro y drenaje ácido de metales pesados. El Río Lempa, afluente de vital importancia nacional, sería un charco de líquido anaranjado como el Río San Sebastián, en La Unión, contaminado desde hace 100 años.
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Para citar solo un dato: Pacific Rim/Oceana Gold iba a utilizar casi un millón de litros de agua diarios en el “proyecto El Dorado”, con lo cual habría secado ríos y mantos acuíferos, dejando sin el vital líquido a las comunidades de San Isidro, Cabañas. Así sucedió en Valle de Siria, Honduras, donde una empresa minera secó 19 de los 23 ríos que existían en esa región.
La zona norte, que debería ser protegida y declarada como “zona verde del país”, sería una región de pueblos fantasmas, con su bello paisaje natural destruido y con su agua, aire y suelo contaminados por cianuro, mercurio y otros químicos tóxicos; y con el grave riesgo de que las lagunas de desechos, conocidas como “depósitos de colas”, contaminen las aguas subterráneas o que sus diques colapsen por las lluvias, huracanes o terremotos y envenenen todo lo que encuentren a su paso hasta llegar al mar, como sucedió con una mina en Brasil en enero de 2019.
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Y para hablar de los accidentes en minas subterráneas no se necesitan ejemplos de otros países. El historiador Héctor Lindo Fuentes recuerda que en junio de 1915 casi cien personas murieron en una tragedia minera ocurrida en El Divisadero, Morazán. El hecho fue ocultado por los periódicos salvadoreños y solo se publicó en uno de Costa Rica.
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Así que quienes se oponen a la reelección porque es inconstitucional y porque acabará con la democracia, deberían hacerlo también por algo incluso más grave: en su segundo mandato, Bukele podría acabar con el agua, el medioambiente y la vida misma en el país si cumple su tenebroso plan de reactivar la minería metálica actualmente proscrita en una ley aprobada por unanimidad y tras un amplio consenso nacional.
*Periodista y activista social.
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