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Oscar A. Fernández O.
Uno de los principales problemas que enfrentará el propósito de lograr una reestructuración en la Policía Nacional Civil, physician serán las resistencias internas dentro de la misma policía a los cambios, como suele suceder en todas las instituciones acostumbradas a funcionar de una manera. Para superar estos obstáculos será indispensable contar con la voluntad política de sus autoridades (mandos) y sus bases.
La Policía Nacional Civil de El Salvador, fue concebida en los Acuerdos de Paz, en correspondencia a la necesidad histórica de crear un nuevo proyecto de sociedad, que sustituyera ochenta años de dictadura militar y terminase por tanto, con las causas estructurales que dieron origen a más de doce años de guerra interna.
Lamentablemente, éste proyecto fue en buena medida, prescindido por los poderes de facto tradicionales que resultaron intactos después de la guerra. Después de fundada la nueva Policía, los intereses de poderes fácticos y las recalcitrantes ideologías ultraderechistas, torcieron el proyecto, alejándolo de sus propósitos originales. La Policía Nacional Civil al igual que su antecesora, se convertía en un aparato armado que defendería el orden imperante, mientras fortalecía nuevamente al aparato represor de un Estado históricamente autoritario.
Para entender el problema de la Policía, debemos tomar en cuenta las características que la crean y determinan. El deber ser de la PNC, en el marco de sus valores originales, ha de formar parte de los principios de organización social que sostienen el modelo del Estado democrático de Derecho, sustentado en la defensa, promoción y protección de los Derechos individuales y colectivos, como lo manda nuestra Constitución y los Convenios Internacionales sobre la materia, a los cuales nos hemos suscrito.
La PNC se concibe como un instrumento fundamental que garantiza el desarrollo de la democracia, aunque creo que varios de los que pertenecen a ella, no han reparado en esto. La PNC debería, a estas alturas de la historia, representar los anhelos de un pueblo que cree en que otra forma de vida social y política mejor, es posible.
La distinción entre el deber ser de la PNC y los fines prácticos que cumple, puede entenderse al ver que la Constitución de la República (reformada a raíz de los Acuerdos de Paz) dispone que la legalidad debe de ser un principio de actuación policial. En realidad, y sustentado en los ejemplos que vemos a diario, podemos afirmar que la ley históricamente se traduce en la defensa de los intereses no de la generalidad, sino de sectores minoritarios, derivado de valoraciones subjetivas en situaciones determinadas y una visión tradicional que criminaliza la pobreza.
Luego, si la aplicación de la ley es dúctil y maleable para la policía, existe una sociedad y un sistema político que lo permite. Este sistema político y sus reglas, altamente cuestionados en el país, se repite en la corporación policial. En seguida, podemos afirmar, que la ausencia de límites efectivos sobre el uso y abuso del poder explica la lealtad ideológico-política de la policía. La policía no es un hecho metafísico, es la representación política de determinado poder.
La derrota de la concepción derechista autoritaria de la seguridad pública, es un factor que debe ubicarse en el agotamiento del actual sistema político, el debilitamiento in extremis del Estado después de la privatización, la cultura de la corrupción y la expresión social de la violencia estructural, hoy en niveles críticos, que han fracturado el tejido social, anulando los valores positivos y la justicia. Nuestra herencia maldita.
En este contexto se explica también, por un lado el crecimiento desbordado de las grandes corporaciones del crimen organizado como parte importante del modelo económico de mercado. Esta tolerancia con el poderoso crimen organizado, sumado a la debilidad del Estado, ha propiciado una suerte de negociación en la cual, como lo dijimos antes, la ley se supedita a criterios de oportunidad, como lo sostiene E. López Portillo V. en su ensayo La Policía en México (2002)
En la actualidad, la violencia es uno de los problemas sociales más importantes y sin embargo es también uno de los menos entendidos. Tal vez, uno de los motivos de esta debilidad se basa en el hecho que la comprensión sobre la misma se genera a través de los medios de comunicación masiva que muchas veces forman una imagen distorsionada de la realidad así como proponen soluciones que eventualmente sirven muy poco para la reducción de la tasa de criminalidad.
Lamentablemente, el sentido común está profundamente relacionado con perspectivas teóricas que enfatizan el componente individual del fenómeno violento y las salidas represivas, sin discutir las raíces sociales de la misma (Lucía Dammert. Dilemas de la reforma policial en A.L.)
El grado de conflicto que provoca la situación a la que ha llegado la PNC, ha elevado la crítica hacia ella desde la sociedad y desde algunos estamentos políticos. Se está generalizando la desacreditación de la institución policial. Amparados en esta situación, las derechas neoconservadoras han enfilado sus baterías contra las políticas de justicia y seguridad trazadas por el actual gobierno, que pretende romper con veinte años de avance incontenible de la criminalidad propiciado por el oficialismo tradicional. Las reglas no escritas y una costumbre que se ha hecho cultura, han protegido la corrupción de los políticos, los hombres de negocios y funcionarios de alto nivel en el Estado y desde luego, en la corporación policial y el ejército. Es insoslayable desarraigar esta práctica ya, la sociedad entera debe exigirlo y el estado debe comprometerse a hacerlo. Antes que nada, debe quedar claro que la transparencia no es simplemente una ventana al funcionamiento del poder público; es un estilo de gestión y operación que abarca, en este caso, todo lo que la policía hace. Por esta razón, la transparencia correctamente entendida no sólo implica al público, sino a la policía entera como organización.
Sin embargo, aún no se termina de asumir en propiedad que la ética busca orientar la labor policial humanizándola, generando un puente entre valores objetivos y acciones concretas. Por lo que hay que reconocer que existe un conjunto de convicciones relativas a la práctica policial, tales como: que la misión de una institución policial, como organización de servicio público, tiene una dimensión ética fundamental que no puede ni debe desconocer; que la función policial no está al margen de la sociedad a la cual le corresponde servir en los ámbitos de la seguridad y la justicia; y, que la organización policial es parte de la comunidad. No tiene razón de ser una policía para la democracia si no es así.
Por tal razón, la ética y la deontología policial son el fundamento que debe orientar todas las acciones de los policías, sus lineamientos o directrices centrales, sus planes, programas y proyectos. Son en definitiva, la fuente que inspira y otorga sentido a la profesión policial, liberándola y protegiéndola de aquellas influencias y tendencias que buscan desconocer la importancia central de la dignidad humana. En rigor, el “horizonte hermenéutico” de la ética policial es el servicio a la sociedad y la promoción del desarrollo humano. (Arturo Herrera, 2002.)
En consecuencia, debemos actuar con la convicción de que la policía es la prestadora de un servicio a la comunidad, y no a la inversa. Aquí radica la relevancia de la legitimidad social. Si no hacemos bien esto, entonces, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. La opinión y valoración de la sociedad es, en última instancia, reflejo de la aceptabilidad de la conducta policial, de nuestros esfuerzos y buen trabajo.
Hoy la eficacia policial no se puede medir sólo por el logro de la verdad criminalística, la detención de imputados o de prófugos de la justicia, es decir, mirando el resultado policial con un enfoque tradicional. La deontología plantea una serie de retos a la cultura policial, ya que sus principios y valores sustentan una ética policial para la democracia popular, especialmente en lo relativo a la realización humana y al desarrollo de profundos y sólidos vínculos sociales.
Debemos lograr que el personal policial y la organización en su conjunto sean responsables por su desempeño, medido lo más objetivamente posible, informando sobre su quehacer y dejando que la sociedad se forme un juicio objetivo y crítico respecto de su actuación. Para ello son necesarios un marco de acción, supuestos y modalidades que faciliten la supervisión y control sobre la policía, y que esto contribuya a la credibilidad y la confianza, reduciendo así la distancia entre el ciudadano y su policía. No puede haber control y rendición de cuentas adecuada y suficiente sin una apropiada gestión de información que respalde lo que hacemos y lo que no logramos hacer bien, lo que corregimos y lo que necesitamos de la sociedad.
Se vuelve urgente y necesaria una reforma policial profunda. Es imperativo impulsar una agenda de cambio que asegure mayores niveles de responsabilidad policial y una actuación más acorde con los desafíos de la democracia, en un contexto complejo y diverso.
Finalmente debemos destacar que el enfoque que hemos desarrollado aquí se sostiene en dos modelos fundamentales: la construcción de seguridad pública en democracia y el de la policía profesional, próxima a la colectividad, como una entidad de servicio al ciudadano y democrática (no militarista), ambas vinculadas estrechamente a través de un Estado fortalecido dirigido a satisfacer las demandas del pueblo, destacando la manera de hacer las cosas, de ser policía y de servir a la comunidad.
