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José M. Tojeira
El Instituto de Derechos Humanos de la UCA ha presentado recientemente su informe de Derechos Humanos durante el año 2016. La amenaza que significa el tráfico para la vida humana en El Salvador aparece como un problema de derechos humanos, dada la poca protección que el ciudadano recibe del Estado respecto a su derecho a la vida. Y es que el número de muertos por accidente de tráfico es impresionante. Son 1205 las personas que han perdido la vida el año 2016. Y ello supone un porcentaje anual de 19 muertos por cada cien mil habitantes al año. La Organización Panamericana de la Salud insiste en que más de 10 muertos al año por cada cien mil habitantes significa en la práctica la existencia de una epidemia. Y en ese sentido, si contemplamos los números, podemos deducir que en El Salvador tenemos una epidemia de muertes en el tráfico, casi de nivel doble. Y eso sin contar los aproximadamente 10.000 lesionados en el tráfico, los afectados en su salud respiratoria por los gases despedidos por los autobuses y otros vehículos y los afectados psicológicamente por el estrés que suponen muchas veces los atascos. Países como Alemania, Inglaterra o Italia, con muchos más carros por habitante que nosotros, tiene muchas menos muertes al año por habitante. Inglaterra, por poner un ejemplo, que tiene tres veces más carros por persona que nosotros, tiene un índice de muertes en tráfico de tres fallecidos por cada 100.000 habitantes. Con más del doble de carros por habitante tiene una tasa seis veces inferior a la muestra. Lo que quiere decir que las muertes de tráfico, como las de la violencia, se pueden bajar sustancialmente. El tráfico en nuestro país mata demasiado. Y es importante, para reducir la muerte epidémica y el dolor, establecer causas y causantes.
Hay causas evidentes. El manejo después de consumir alcohol o drogas es una de las causas, lo mismo que la agresividad o el exceso de velocidad en el manejo. El mal mantenimiento de algunos autobuses ha sido tradicionalmente causa de algunas de las tragedias más sonadas en nuestro tráfico. Aunque las carreteras en nuestro país suelen estar bastante bien mantenidas, la señalización es con frecuencia deficiente. La vigilancia en el tráfico es escasa cuando no ineficiente. Los controles que se ponen en carretera, haciendo muy lento el tráfico, provocan que, pasado el control, la gente acelere más de la cuenta para recuperar el tiempo perdido. Las sanciones, aunque se han ido elevando, son poco drásticas. Y unidas a la falta de control del tráfico se vuelven irrelevantes a la hora de corregir la siniestralidad en este sector. Las responsabilidades personales son evidentes. Pero hay también una responsabilidad del Estado. No hay una preocupación eficaz de controlar el flujo vehicular. Da pena ver que la única manera de impedir que los vehículos se carguen en los atascos hacia los carriles destinados a aparcar los carros averiados, es colocando cada cierta cantidad de metros un mojón o cualquier otro tipo de obstáculos que imposibilite el uso de ese carril auxiliar. Mientras en otros países es muy difícil ver muertos tirados en la carretera, nuestra mortandad en tráfico hace que con relativa frecuencia quienes manejan en El Salvador vean cadáveres en la calle. La indignación y el dolor que eso produce no ha sido suficiente hasta el presente como para que se dé un cambio efectivo en nuestro modo de manejar el tráfico.
Este tipo de inercia que nos deja convivir tranquilamente con el desorden en el tráfico y con la doble epidemia de muertes, daños e incapacidades personales y laborales que el mismo produce, puede estar en la base de muchos de nuestros problemas de violencia. Quienes más mueren en choques son jóvenes. Quienes fallecen por atropello son mayoritariamente ancianos. Ni la tercera edad es protegida ni la juventud cuidada. La necesidad de poner orden no es sólo una necesidad, sino una exigencia ética. Convivir sin preocuparse con una verdadera epidemia mortal es de ilusos e irresponsables. Superar los problemas de este tráfico salvaje nuestro incluso sería una buena experiencia para trabajar después con mayor eficacia otros problemas de violencia. Pues si no somos capaces de controlar los accidentes de tráfico, difícilmente lograremos controlar la violencia delincuencial. Mientras los homicidios se producen a escondidas, ocultamente, dejando el mínimo de huellas, las muertes en el tráfico se producen ante todos, tienen causas claramente detectables, que permiten a su vez tomar medidas preventivas. Controlar lo fácil puede ser un paso para caminar después hacia lo difícil. Si no podemos controlar el tráfico que vemos, más difícil será vencer el crimen que no vemos.
Estamos tan preocupados por los homicidios intencionales que apenas nos preocupamos por los homicidios no intencionales, como suelen ser los del tráfico. Y aunque es justo preocuparse más por el homicidio intencional, puesto que implica una negación de humanidad más clara, real y evidente, el hecho de que las muertes en el tráfico constituyan una epidemia nos debía hacer pensar sobre nuestros valores y nuestro cuidado de la vida humana.
Tanto a nivel personal como a nivel estatal. Pues cada uno de nosotros tenemos tenemos la responsabilidad ética y ciudadana de velar por el bien común. No vale decir que somos éticos porque no somos corruptos y luego manejar peligrosamente. Por su parte el Estado está al servicio de la persona humana, como dice nuestra propia Constitución. Y ello incluye la responsabilidad de proteger y cuidar la vida y la salud del ciudadano. Y si el tráfico lo dirige el Estado, es una responsabilidad grave el reducir la siniestralidad y evitar la epidemia de muertes que nos abate.
