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Luis Armando González
La situación actual del país se caracteriza por varias dinámicas no solo políticas, sino también socioculturales y medioambientales. En este último rubro, las intensas lluvias que azotan al país –principalmente, aunque no únicamente, en su zona costera— están poniendo en evidencia las críticas condiciones de vulnerabilidad en que viven miles de familias salvadoreñas.
Esas condiciones son un recordatorio hiriente de que en El Salvador existen graves desigualdades de carácter social y económico que no han sido resueltas, y que reclaman urgentemente su atenuación y, por qué no, su erradicación. Esto último exige reformas profundas en el modelo económico y en la forma cómo se distribuye y se concentra la riqueza, lo cual sus beneficiarios directos han logrado sacar del debate público (a partir de una estrategia mediática de largo aliento, que comenzó a operar desde finales de los años ochenta, pero de modo abierto y exitoso desde los años noventa).
Parte de su éxito ha consistido en hacer de los “vicios” del aparato político –la corrupción, en primer lugar, pero también el uso ineficiente de los recursos y su carga laboral— el causante de todos los problemas sociales y económicos del país, obviando el papel que el sector empresarial juega, para bien y para mal, en la estructuración de la sociedad.
Cuando los desastres afectan primordialmente a los más pobres, algo anda mal en la estructuración social y económica de la sociedad; y la razón de ello se tiene que buscar en la concentración extremadamente inequitativa de la riqueza, de lo cual se derivan desigualdades inaceptables en seguridad, bienestar e integración social.
El aparato político, en una democracia, debería obrar para que aquella concentración sea disminuida, mediante mecanismos de distribución de la riqueza que generen condiciones de bienestar y seguridad para la mayor parte de la sociedad. Si las desigualdades originadas en la estructura económica no se atacan frontalmente, países como el nuestro siempre condenarán a la mayor parte de sus miembros a vivir indignamente.
Lo anterior repite una lección que Monseñor Oscar Romero dio a la sociedad salvadoreña –a su oligarquía y a sus militares— en los años setenta y hasta el 24 de marzo de 1980. Es una lección que, gracias a las argucias mediáticas de la derecha, ha sido relegada al olvido interesado; y de este olvido son partícipes incluso quienes se dicen seguidores Monseñor Romero.
En el marco del acontecimiento sociocultural más significativo de la historia reciente de El Salvador, como lo es la canonización del arzobispo mártir, es oportuno rescatar su denuncia de los males estructurales del país, es decir, lo que él definió en una de sus cartas pastorales como “violencia estructural”, raíz de otros tipos de violencia. Esos males siguen vigentes, generando otras violencias, y golpeando a los más pobres y excluidos de la sociedad.
Los “dioses del poder y del dinero” siguen siendo adorados por quienes concentran la riqueza en El Salvador. Que casi nadie hable de ellos –solo unos cuantos sociólogos y unos pocos, muy pocos, economistas— no quiere decir que hayan dejado de existir, o que su influencia en los destinos del país sea nimia. Para nada: los ricos más ricos de El Salvador –principalmente los amos de las finanzas— han sido y son determinantes en la configuración de la realidad nacional, especialmente en sus desigualdades estructurales.
Usar –y haber impuesto— el discurso “anticorrupción” para ocultar la naturaleza de esas desigualdades estructurales supone un triunfo ideológico extraordinario de la derecha salvadoreña. Es un reto, en quienes se dicen cultivadores del “pensamiento crítico”, la tarea de desmontar esa y otras elaboraciones ideológicas de la derecha –como la “antipolítica”, el “emprendedurismo” y el “nuevo generacionismo”, entre otros— que nublan la vista y bloquean la capacidad de razonamiento.
Como quiera que sea, honrar y celebrar a Monseñor Romero es hacer propia esa capacidad suya de razonar críticamente sobre los ejes configuradores de la realidad nacional. El impacto social y cultural que ello tendría sería en verdad extraordinario; quizás así la sociedad salvadoreña –o al menos sectores significativos suyos— comenzaría a comprometerse decididamente en la construcción de un proyecto de nación distinto, por justo y por inclusivo, del existente.
Y es que sin virajes culturales profundos, que replanteen o reemplacen los valores, las creencias y los hábitos vigentes, es imposible que una sociedad emprenda nuevos derroteros.
El Salvador está aún a la espera de un viraje cultural de envergadura, un viraje que permita superar la cultura neoliberal globalizada, con arraigos autoritarios y conservadores de larga data, y de pie a una matriz cultural humanista, tolerante, libre, responsable con el bien público y activa en lo político en función del bienestar colectivo. Se trata de algo difícil, pero no imposible. Más aún, se trata de algo posible y necesario, pues de lo contrario nunca tendremos un país en el que dé gusto vivir.
En un nuevo marco cultural, muchas de las cosas que ahora hacemos, importantes, pero que han perdido sentido –como las elecciones— cobrarán un nuevo significado. Y ello, al menos, porque los ciudadanos tendrán mejores criterios para discernir a cerca de la calidad y capacidad de quienes piden su voto.
Hoy por hoy –a juzgar por los resultados de las encuestas de opinión— esos criterios son sumamente pobres. Los cantos de sirena, la pose y el desplante, la arrogancia y el “me vale todo porque soy yo” gozan de amplia aceptación entre sectores amplios de la sociedad.
La contracara de ello es la incapacidad para detectar filiaciones ideológicas, intereses reales, trayectorias políticas (y, ahí donde aplica, empresariales), alianzas y compromisos, etc., que son los que en definitiva condicionarán el quehacer político efectivo de quien resulte electo presidente en 2019.
En fin, una cosa es aprender a leer críticamente la política (y la economía, y la cultura, y la sociedad) y otra bien distinta dejarse llevar por creencias, valoraciones y percepciones impuestas por entornos mediáticos (y también religiosos, empresariales y universitarios) que tienen como finalidad enturbiar la capacidad de razón de las personas para así manipularlas mejor.
Mientras la gente se “deje llevar” –ya sea que se trate de gente popular o de gente que procede de la “academia”— estará lejos de haber asimilado una pizca siquiera del legado crítico de Monseñor Romero.
