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José M. Tojeira
Según cálculos periodísticos, 14.000 personas han perdido sus trabajos en instituciones estatales. Sin embargo, ha aumentado en el país el número de trabajadores del Estado que tienen un salario mensual de 2.000 o más dólares. La norma de revisar y mejorar el salario mínimo del país cada tres años, teniendo en cuenta el encarecimiento de la vida, no se ha cumplido.
Llevamos ya cuatro años sin revisión del salario mínimo y no hay señales, al menos de momento, de que se esté estudiando el asunto. Y ello a pesar de que el costo de la canasta básica se encareció sustancialmente durante los tres años al cabo de los cuales se debía revisar el salario. Aunque al país ya se le había anunciado en el campo de la economía lo que en su momento se llamó “medicina amarga”, nunca se ha informado que la paralización del monto del salario mínimo sea parte de ese supuesto remedio a la queja de la población sobre la situación económica del país. Ni tampoco se ha informado cuánto durará la receta.
Pero sea como sea, el que se hayan aumentado en el Estado los mejores salarios, mientras hay despidos masivos en oficinas estatales e incumplimientos en un compromiso básico de revisión del salario mínimo, muestra no solo incoherencia, sino también una especie de despreocupación por los problemas económicos de la población. Se han hecho algunos esfuerzos de cara al control de precios de algunos alimentos, pero la necesidad de revisar y subir el salario mínimo continúa siendo una urgencia para los sectores más vulnerables de El Salvador.
El lunes pasado nuestro Arzobispo, en la festividad de San Óscar Romero, insistía en la necesidad de avanzar en la corrección de toda una serie de problemas sociales. Mencionaba también el salario mínimo, que debe ser sobre todo salario justo, capaz de enfrentar los desafíos familiares. La Iglesia tiene una larga tradición de insistir en que el ingreso por el trabajo sea el adecuado para vivir con dignidad.
Y que las redes de protección social, especialmente las de educación, salud y pensiones, sean también justas y adecuadas para mantener dinámicas de desarrollo accesibles a todos. E insiste en que el salario, dado que es la retribución del trabajo, sea protegido por las autoridades estatales. La Iglesia está plenamente convencida de que el trabajo es más importante que el capital, porque es una realidad humana que no solo le permite vivir a al trabajador, sino que le ayuda a realizarse como persona, asumiendo responsabilidades sociales.
En ese sentido, reclamar un salario mínimo decente es una responsabilidad no solo de los trabajadores sino también de todos los hombres y mujeres fieles a la fe cristiana y al deseo de unas relaciones de amistad social que garanticen la paz y la seguridad en toda comunidad política.
Si analizamos la producción de riqueza en Centroamérica y Panamá, nos encontramos con que de los seis países, El Salvador ha sido el tercero con mayor PIB per cápita en el año 2024. Sin embargo, en el monto del salario mínimo estamos en el quinto lugar. Sin necesidad de recurrir a comparaciones con otros países sabemos que el salario mínimo es insuficiente para salir de la pobreza. Y que si nuestros migrantes, hoy amenazados por la deriva irracional y racista del presidente Trump, no enviaran remesas, los problemas de pobreza aumentarían seriamente en nuestro país. Pero el hecho de ver que nuestros trabajadores son más productivos que los de otros países vecinos que tienen un mejor salario mínimo que el nuestro, debe ser una llamada urgente para tomarse en serio el tema del hasta ahora relegado aumento del salario mínimo. La austeridad necesaria del Gobierno no debe convertirse en exigencia de austeridad a quienes pasan hambre o dificultades económicas.
Otorgar exenciones de impuestos a los grandes inversionistas puede ser conveniente para atraer capitales, pero no a base o de ofrecer mano de obra barata con una dudosa promesa de que el capital entrante mejorará la situación económica. Al Estado, y a los gobiernos que administren las funciones estatales, les corresponde según nuestra Constitución, garantizar la justicia social. Y ésta pasa, entre otras responsabilidades, por convertir el salario mínimo en un salario decente, justo y familiar.
