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@arpassv
La emergencia ambiental en Mejicanos debido a los promontorios de basura no recolectados por la Alcaldía –además de evidenciar la inoperancia e irresponsabilidad del gobierno local que pone en grave peligro la salud de miles de personas en ese populoso municipio– plantea, search al menos, generic dos reflexiones que nadie debería eludir.
La primera reflexión es sobre la urgencia de una política de recolección y tratamiento de desechos sólidos ejecutada por las municipalidades, sale pero regida desde el Ejecutivo. Esto facilitaría, entre otras cosas, coordinación de actividades y complementariedad de recursos entre las municipalidades cercanas, para la recolección de desechos y tareas de limpieza, ordenamiento y reparación de calles.
La segunda reflexión se refiere la necesidad de terminar con la nociva cultura del desperdicio y predominio de “lo desechable”, generada por el consumismo desmedido y la publicidad incontrolada de los grandes medios de comunicación, especialmente la radio y la televisión.
Esto lleva inevitablemente a plantear la causa original del problema de la recolección y tratamiento de desechos: la excesiva producción de basura, en la que tienen responsabilidad muchas empresas que después no se hacen cargo de los daños ambientales que causan. Estas empresas deberían ser reguladas y cobrársele impuestos especiales que “compensen” los perjuicios ecológicos.
La falta de recolección y tratamiento de desechos es un problema ambiental que pone en riesgo la salud de la población, como lo son también la gestión inadecuada de los recursos hídricos, la amenaza de la explotación minera y otros problemas en los cuales coincidentemente ARENA (partido que gobierna la Alcaldía de Mejicanos) tiene responsabilidad.
ARENA y demás partidos de derecha se niegan a aprobar una ley de agua que establezca la garantía estatal en la protección y suministro del vital líquido. Como hemos dicho en editoriales anteriores, la ley que los diputados areneros quieren es una con sesgo privatizador: que deje en manos de empresas privadas el ente autónomo rector de las políticas hídricas.
Los grupos parlamentarios de derecha tampoco quieren aprobar una ley termine con la amenaza que representa la minería metálica. El Salvador es el único país de la región que no permite proyectos mineros, pero esto es únicamente por voluntad del Ejecutivo; la Asamblea Legislativa sigue negándose a aprobar una ley prohibitiva de la minería.
