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“Frente al cierre de los espacios cívicos y democráticos, la organización popular se convierte en una necesidad por el bienestar de toda la gente”
Alma Vilches
@AlmaCoLatino
Ante la reciente reforma del artículo 248 de la Constitución de la República, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular (BRP) afirmó que este es otro acto impune, para dejar el camino abierto y cambiar las reglas de acuerdo a los intereses del gobierno de Nayib Bukele.
“Denunciamos el abuso y la manipulación de las normas para asegurar por todos los medios, el control de las instituciones del Estado y que estas respondan a los intereses de un grupito económico que está haciendo sufrir al pueblo salvadoreño”, afirmó Francisco Omar Rodríguez, representante del BRP.
A criterio de Rodríguez, cada día que pasa los abusos, la persecución, despidos arbitrarios, cierres de escuelas y espacios cívicos y expulsión de miles de compatriotas, confirma que el único interés de este gobierno es la explotación, el robo, la manipulación para enriquecerse, para cumplir con ese objetivo ha cometido de manera sistemática violaciones a las leyes, que significan el cometimiento de delitos los cuales por el momento están en la impunidad.
“El pueblo salvadoreño ha sido testigo de los diferentes tipos de fraude que se han dado desde que el clan familiar Bukele tomó el control de la institucionalidad; desde el golpe de Estado al órgano judicial en 2021 hasta la inconstitucional e ilegal reelección en 2024, pasando por una serie de leyes, reformas y políticas que cada día más golpean a toda la población”, sostuvo.
El dirigente popular hizo un llamado a toda la ciudadanía a fortalecer la organización en el territorio, en las comunidades, centros de trabajo y los espacios para defenderse del despojo de las tierras, despidos arbitrarios, capturas arbitrarias bajo el ilegal Régimen de Excepción y todo tipo de abusos cometidos por el “gobierno de facto”.
“Hacemos el llamado a los funcionarios y funcionarias honestas a denunciar todo tipo de abusos, respetar y hacer respetar la Constitución y las leyes que es parte de sus obligaciones y por los cuales fueron juramentados”, agregó.
Según Rudy Joya, abogado de la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), la Constitución ya establece en El Salvador que todas aquellas cláusulas pétreas, las cuales no pueden ser modificadas, únicas y exclusivamente pueden ser reformadas por una Asamblea Constituyente, sin embargo, la Asamblea Legislativa actual no es una Asamblea Constitucional, tampoco en este caso no se ha dado la opinión y consenso del pueblo salvadoreño por cambiarlos.
Rodríguez dijo que no se puede negar la existencia de una crisis constitucional y del Estado de Derecho salvadoreño desde que el gobierno de Nayib Bukele ingresó a la clase política, hoy por hoy se viene trastocando la Constitución de una manera arbitraria, como esta última reforma del artículo 248 que hace la Asamblea Legislativa, lo cual significa retrocesos en el tema del Estado de Derecho.
“No es posible que el gobierno pone de excusa reformar esos artículos importantes de la Constitución, diciendo que es para el tema de la deuda política, pero eso abre muchos candados para cambiar el sistema político y otros aspectos que actualmente se manejan a través de la legalidad y la Constitución”, reiteró Joya.
Lo grave es que el tema de la soberanía y el sistema político actual en El Salvador pueda estar prácticamente en un cambio, que cubre única y exclusivamente a los intereses económicos del grupo de allegados al gobierno, es decir, esa crisis se viene agudizando con la violación constante de la Constitución
A la vez, consideró que el anuncio del gobierno de permitir el ingreso de presos condenados por Estados Unidos al CECOT, pone en riesgo la soberanía del pueblo salvadoreño, cada país debe de enfocarse y enfrentar su sistema carcelario o penitenciario, incluso constitucional.
“El Salvador es un país independiente y si hace este tipo de cosas, obviamente, nos está llevando prácticamente a una dictadura de un gobierno fascista, como es este gobierno inconstitucional y lo es desde su reelección en las pasadas elecciones, existe preocupación de cómo están trastocando de manera arbitraria la Constitución de la República”, indicó.
Minería
El BRP respaldó la posición de la Conferencia Episcopal de El Salvador que de manera enfática rechazó la ley de reactivar la minería metálica y le pidió al pueblo luchar por defender su vida.
Asimismo, manifestó que se unirán activamente en la campaña de recolección de firmas, así como de otras acciones que se desarrollan para contrarrestar la ley minera, a fin de concientizar a toda la población en el país.
“Solo el fortalecimiento organizativo permitirá la defensa del territorio y contribuirá a derrotar ese proyecto de muerte del régimen de Bukele, llamamos al pueblo a involucrarse en esta lucha, que es por la sobrevivencia de nuestro país”, externó el BRP.
