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Rosmeri Alfaro
@RosmeriAlfaro
“Hasta la fecha, las propuestas de reformas al Sistemas de Ahorro de Pensiones (SAP), a excepción de la proveniente de las confederaciones de trabajadores y trabajadoras, están inspiradas desde la urgencia de solventar la emergencia financiera y fiscal”.
Según Saira Barrera, coautora del estudio socioeconómico de El Salvador (ASES), del segundo semestre 2016 del Departamento de Economía de la Universidad José Simeón Cañas (UCA), el enfoque de derechos no aparece en ninguna de las propuestas, salvo en algunas consideraciones hechas en la propuesta de los trabajadores, “que es por cierto la que menos se discute”.
“En el país suele haber un intercambio de prioridades, nuestro derecho a una vida digna y plena en la vejez está supeditado a lo que permitan las condiciones financieras y fiscales”, expuso la economista.
Para Barrera, la manzana de la discordia es el manejo de los fondos millonarios que provienen de los ahorros de los cotizantes. “Obviamente, las Administradoras de Fondo de Pensiones (AFP) no quieren perder la administración de esos ahorros, dentro de las actividades financieras la administración de fondos de pensiones es tres veces más rentable que la banca comercial y cuatro veces más rentable que la cooperativa”, señaló.
Agregó que el enfoque que ha primado es el del derecho del cliente de las AFP… pero a nivel de país solo 25 de cada 100 personas económicamente activas son clientes de ellas.
De acuerdo con el jefe del Departamento de Economía de la UCA, Mario Montesino, el Sistema fue estructurado sin considerar las reducidas reservas técnicas y la debilidad de las cuentas del Estado debido a su carácter subsidiario, y sin un plan estratégico para enfrentar el inevitable problema que se preveía.
El agotamiento de las reservas técnicas llevó al gobierno de turno a crear en 2006 el Fideicomiso de Obligaciones de Pensiones (FOP) y que originó la deuda previsional como consecuencia de la formación de los Certificados de Inversión Previsional (FOP). Aclaró que la deuda del sector público no financiero se ha mantenido estable en los últimos años alrededor del 47% del Producto Interno Bruto (PIB), situación característica de una deuda pública manejable en condiciones de crecimiento moderado como lo presenta El Salvador.
Sin embargo, con la deuda del sector público financiero pasa lo contrario, al crecer del 5% en 2001, cuando se vetaron las reservas técnicas para respaldar el nuevo sistema de pensiones, al 18% del PIB en 2016.
Montesino afirmó que la deuda previsional está presionando la deuda pública por lo que se requiere de una importante reforma fiscal y una transformación de las estrategias de crecimiento y desarrollo que generen una economía más proporcional.
“No solo se trata de una solución coyuntural, sino que se debe fortalecer la economía y eso pasa de cambiar el modelo de crecimiento actual basado en políticas neoliberales por uno que potencie las capacidades humanas, eleve los ingresos y mejore las condiciones en el mercado laboral”, indicó.
El deterioro de las condiciones de vida de la población trabajadora, dijo, demuestra que la eficiencia de la economía salvadoreña es muy débil y está a punto del colapso.
“La actividad privada no está dando los frutos que se esperan… Muchas veces se enfocan todas las dificultades del problema al Estado pero esta es una economía estatizada, no es socialista o solidaria, es una economía capitalista basada en la iniciativa privada”, detalló.
Para el Departamento de Economía de la UCA, es necesario que este problema y el de la cobertura se tengan en cuenta para no aprobar nuevamente reformas para desahogar en alguna manera la situación financiera y fiscal del país, dejando a un lado el cumplimiento de un derecho fundamental de los trabajadores y trabajadoras, que el Estado es responsable de tutelar.
