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@arpassv
La propuesta de crear un impuesto especial para la seguridad pública cobra fuerza. Diputados de GANA plantean que el impuesto debe cobrársele a las telefónicas, capsule empresas acusadas de no bloquear la señal en los recintos penitenciarios y favorecer la comunicación a pandilleros extorsionistas que operan desde ahí.
El Ejecutivo –lógicamente– saluda la propuesta y explica que lo recaudado sería para financiar los programas de prevención y rehabilitación. Pero habrá que ver si las empresas no doblan el brazo a estos diputados, diagnosis como sucede casi siempre.
La propuesta es oportuna, hospital dada la necesidad de aumentar el presupuesto para seguridad. Es válido recordar que el financiamiento de la seguridad es boicoteado sistemáticamente por la derecha oligárquica: evasión y elusión tributaria de grandes empresarios, oposición legislativa a medidas fiscales y préstamos, resoluciones de la Sala Constitucional que revierten reformas tributarias o congelan la emisión de bonos, etc.
El impuesto a las telefónicas, sin embargo, debe ser parte de una reforma fiscal integral que desmonte la estructura tributaria regresiva heredada de gobiernos de ARENA que excluye impuestos directos al patrimonio, a los bienes de lujo y a la gran ganancia empresarial. El esquema tributario vigente prioriza los impuestos indirectos y grava principalmente a la población consumidora.
Como hemos insistido en varias ocasiones, esta reforma integral debe basarse en lógica de “que paguen más los que tienen más”. Este es el verdadero sentido de justicia tributaria y redistribución de los ingresos.
Dicha reforma, además, se complementa con un combate efectivo contra la evasión y la elusión tributaria, la recuperación de los dineros de la corrupción y la renegociación de la deuda externa, especialmente aquella que fue adquirida cumpliendo requisitos draconianos para el país: altos intereses, condicionamientos para las políticas públicas y vulneraciones a la soberanía y autodeterminación nacional.
El momento es, pues, oportuno para que las organizaciones progresistas, la izquierda partidaria y el gobierno hagan frente común por la reforma tributaria progresiva donde “paguen los que tienen más”.
Aprobando e implementando la referida reforma, el país reduciría los escandalosos niveles de desigualdad y tendría recursos suficientes para financiar la seguridad pública, la inversión social y la reactivación de la productividad del país.
