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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
Diputados de oposición catalogaron como “populismo judicial” la reforma al Código Penal a fin de sancionar con cárcel a las personas que boten basura en la calle. Además, dicha reforma no ataca el punto central del problema.
La Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable para reformar el Código Penal con el fin de que las personas que lanzan basura en lugares indebidos sean sancionadas con multas económicas, trabajo comunitario o incluso cárcel. Las sanciones serán aplicables a todos aquellos que arrojen la basura en aceras, calles, carreteras, playas, riberas de ríos o lagos, bosques y parques nacionales.
La diputada por VAMOS, Claudia Ortiz, enfatizó que “es muy fácil hacer un ejercicio de populismo en la ley penal, para hacer ver que se está atacando un problema”. La legisladora consideró que culpables del problema no es la población, pero si existe un tema cultural, de educación ambiental, falta de aplicación de sanciones administrativas y municipales, pero “la única razón del problema de la basura en el país no es esa, también hay que ver otras aristas que son responsabilidades del Estado”.
“Nos parece hasta cierto punto desproporcionado en un momento como el actual, donde vemos que, por atropellar a un gatito (en referencia al médico), una persona se va detenida, ante esos antecedentes, preocupa que se esté ocupando el derecho penal solo para hacer ver bien a una Asamblea Legislativa que no está atacando los problemas reales”, cuestionó Ortiz.
Una opinión muy similar tuvo el diputado de Nuestro Tiempo, Johnny Wright Sol, pues dijo que esto, es una de las alternativas de forma coercitiva que tiene el Estado para que los ciudadanos cumplan la ley; “la privación de libertad es la última instancia; para mí, es irracional y desproporcional, cortoplacista y populismo judicial”.
A juicio de Wright Sol, la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea no aborda de forma integral y yendo a la raíz del problema. “Podrían abordar, por ejemplo, regular el plástico de un solo uso, ya existen propuestas que se han presentado. También podrían evaluar cómo están las alcaldías en el país, que no tienen para planillas mucho menos tienen para cubrir el aseo público”.
La reforma consistió en integrar un inciso al artículo 255 para que toda persona que arroje o dejen desechos en lugares indebidos que pasen de las dos libras, sea sancionada de 1 a 3 años, delito que puede ser considerado excarcelable: es decir, que podrían tener una pena de trabajo de utilidad pública. Sin embargo, existe un agravante para las empresas, personas jurídicas o incluso instituciones y municipalidades que deciden botar basura en sitios no autorizados se enfrentarán a una pena de prisión de 4 a 8 años, empero, una modificación al artículo 257 establece que cuando dichas acciones sean sin intención o por falta de conocimiento, en ese caso será excarcelable, de 1 a 3 años.
