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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
Lo que parecía casi imposible, defender la totalidad de la cotización de las y los trabajadores, se logró gracias a la voluntad de diálogo del Presidente, de sus funcionarios y del Acuerdo logrado entre las fracciones legislativas. Con ello se hizo posible evitar el impago, asegurar el pago de su pensión a más de 177 mil jubilados, reestructurar la deuda previsional acumulada desde 2006 y reforzar el presupuesto 2017, al autorizar al Órgano Ejecutivo para emitir 168 millones de dólares en bonos.
El Grupo Parlamentario del FMLN, apoyado en el análisis actuarial de un experto externo, primero defendió la propuesta del gobierno, la cual fue calificada como la mejor, pero los partidos ARENA, GANA, PCN y PDC se afincaron en la propuesta elaborada por ASAFONDOS, es decir, las Asociaciones de Fondos de Pensiones, AFP.
El debate permitió probar que la propuesta de los privados representaba un castigo a los cotizantes, especialmente a las generaciones más jóvenes, pues en esa propuesta estaba implícita una reducción del déficit previsional a costa del salario de los trabajadores. Este se convirtió en punto de honor para el FMLN, que advirtió en medios públicos y en el diálogo legislativo y privado, que sin esa condición era imposible acompañar una reforma.
Este fue uno de los varios puntos críticos, pero el de mayor relevancia; ahora podemos decir, con satisfacción, que este aspecto logró ser incorporado en la reforma. ¿De qué se trata?
La reforma contempla la creación de una Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), conformada con el 5% del salario de cada cotizante. De esa cuenta se pagarán las pensiones de los llamados optados, que son las personas que, por su edad, pudieron quedarse en el sistema público, pero recibieron estímulos que se convirtieron en pensiones similares a las del sistema público (los beneficios del sistema público eran superiores al Sistema de Ahorro para Pensiones SAP).
La CGS pagará además, las pensiones mínimas (originadas por bajos salarios o agotamiento del ahorro). También pagará los Certificados de Traspaso de los optados (esto es el reconocimiento que en 1996 la ley privatizadora estableció para quienes habían cotizado en el ISSS o el INPEP y lo que, según aquellas leyes, les correspondería para obtener una pensión que ronda entre el 60 y 70% del salario promedio de los últimos diez años).
Con fondos del Presupuesto General de la Nación, se pagarán las pensiones del ISSS y el INPEP, la deuda previsional (capital e intereses acumulados desde 2006, producto de la emisión de CIP que sirvieron para pagar pensiones) y los Certificados de Traspaso de las personas que fueron obligadas a pasarse a una AFP y que habían hecho cotizaciones al ISSS e INPEP.
Si esa cuenta paga obligaciones que la privatización creó, ¿por qué el cotizante actual, especialmente la gente joven, va a aportar el 5% de su salario cada mes por todos los años que le faltan para jubilarse, sin ninguna contraprestación? Este fue el cuestionamiento de las y los diputados del FMLN, y por fin se reconoció, primero, que ese 5% aportado a la CGS se devolvería, pero no así a las personas que se jubilen. Los partidos que respaldaban esa propuesta alegaban que quien se pensione, gozará de un beneficio nuevo, que consiste en que el mismo monto de la pensión se le seguirá pagando después que viva adicionalmente a 20 años de jubilado.
Se alegó por el FMLN que si esa nueva prestación existe como probabilidad, para quienes tengan longevidad, el costo del 5% de salario es excesivo, pues los actuarios lo valúan en 1%. Los autores de la propuesta alegaron que su valuación es 2%. Esto explica que en el Artículo 16 reformado se determine que el 15% de la cotización, que pertenece al trabajador, se distribuirá de la siguiente manera: 11.1% para el cálculo de su pensión, 2% para la pensión de longevidad y hasta el 1.9%, por comisión y seguro de invalidez. Otro artículo establece que para quienes se jubilen, habiendo aportado a la Cuenta de Garantía Solidaria, el Estado compensará esos aportes para la estimación de su pensión.
Así se solventó el punto más escabroso, el respeto de toda la cotización de cada trabajador y trabajadora. Además de bajar la comisión, aumentar el interés, invertir con seguridad los fondos, eliminar comisión a pensiones mínimas y cuentas inactivas, disminuir la comisión por pago de pensión (no la mínima) de 1.5 a 1%, entre otros.
El acuerdo facilita el análisis sereno de las deficiencias, tanto del sistema previsional como de su cobertura, brecha de género y otros aspectos que requieren, además de una correlación de fuerzas, mejores beneficios para quienes tenemos compromiso real con las y los trabajadores, y de medidas fiscales que lo aseguren.
