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El pasado sábado, durante el programa presidencial Gobernando con la Gente, desarrollado en el municipio de Ilopango, el Presidente Salvador Sánchez Cerén hizo un llamado para que se realizara, de carácter urgente, una reforma profunda al Sistema de Pensiones.
Es de recordar que luego que la Sala de lo Constitucional, siguiendo una agenda de boicot que mantiene el partido ARENA, declaró inconstitucional el mecanismo que el Órgano Ejecutivo y Legislativo había aprobado para que, este año y el próximo, se le hiciera frente al tema previsional desde las mismas AFP, como se venía realizando desde septiembre de 2006, cuando fue aprobada la Ley del Fideicomiso Previsional.
Para este año y el otro, el Gobierno había planificado continuar financiando las pensiones a cerca de 200 mil jubilados, por eso es que los $240 millones correspondientes al presente año no iban en el Presupuesto General de la Nación.
Es necesario recordar a la ciudadanía salvadoreña que las pensiones no deberían ser parte del presupuesto General de la Nación, pues su mecanismo de financiamiento es propio del sistema previsional. No obstante, esto no es posible, por las aberraciones que nacieron con la privatización de las pensiones.
Es decir, el pago a los pensionados no debería provenir de los fondos públicos en general, sino de la cotizaciones de los trabajadores para tal fin.
El Gobierno, ante la perversa resolución de la Sala, siguiendo la agenda de ARENA, se vio en la obligación de pagar a las AFP las pensiones por estas canceladas, mediante recortes sustanciales a diferentes carteras del Estado, incluyendo autónomas. Así lo hizo en abril, en julio, y así lo hará en este mes.
Por cierto, del prepuesto de Capres se recortan tres millones de dólares y del Ministerio de Hacienda otros tres, pero para el resto del año a partir de octubre ya no es posible seguir recortando fondos a los ministerios o las autónomas.
Por eso es el llamado del Presidente Sánchez Cerén de buscar una reforma a la ley de pensiones, que permita que desde las aportaciones de los trabajadores, no solo se garantice la continuidad de la cuenta individual, sino también, una cuenta colectiva que permita evitar que el Gobierno recorte el presupuesto o busque a futuro incurrir en préstamos para pagar a las AFP.
En la Asamblea Legislativa hay ya cuatro propuestas de reforma a la ley de pensiones, una de ellas presentada por las AFP apoyada por al ANEP y FUSADES, que lo que defienden son los intereses empresariales, con el pretexto de los ahorros de los pensionados. La verdad es que esa propuesta solo busca salvaguardar los intereses del sector privado que maneja las pensiones.
La otra propuesta, la de los trabajadores, defiende, por un lado, los intereses de los trabajadores, es decir, de los jubilados, y, por el otro, los intereses del Estado, porque busca que el pago de los pensionados no sea de los impuestos de todos los salvadoreños, por eso es que evita que se afecte el Presupuesto General de la Nación para el pago de pensiones.
En estos momentos, un experto actuarial se encuentra en el país, analizando las propuestas de reforma, y se espera que sus conclusiones sirvan de insumo a los diputados para que hagan esa reforma en este mismo mes. Llegar a octubre con el grave problema generado por la privatización de las pensiones es de alto riesgo para el país. Dado que al partido ARENA no le interesa este problema, pues él lo creó, es necesario que los diputados de GANA, PCN y PDC, junto al FMLN, aprueben esas reformas, tan, pero tan urgentes.
