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Samuel Amaya
@SamuelAmaya98
La Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) y la Red por el Derecho a la Comunicación (Redco) expresaron sus valoraciones sobre la propuesta de reformas a la Ley de Telecomunicaciones presentada recientemente por el Ejecutivo a la Asamblea Legislativa. Algunas reformas generan inquietudes y dudas, que deben ser resueltas a través del diálogo.
Fue el 28 de enero de este año, que el Ejecutivo mandó las reformas, pero estas aún no han sido discutidas, “y están pasando desapercibidas en el debate público”. Sin embargo, las organizaciones han dicho que es positivo cualquier proceso de reformas orientadas a mejorar, actualizar o hacer viable la aplicación de un marco legal.
Empero, la actual propuesta de reforma a la Ley de Telecomunicaciones “genera inquietudes e incertidumbre debido que incorpora aspectos que puedan resultar contraproducentes y prestarse a arbitrariedades en algunos procesos administrativos de la Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (SIGET), relacionada con las concesiones de radio y televisión”, dijo el presidente de la junta directiva de ARPAS, René Linares Coto.
Dichos elementos dudosos y preocupantes serían: la mezcla o confusión de la subasta y el concurso para la fijación de concesiones a pesar de ser procesos muy diferentes en su forma y objetivos. En la ley vigente separa la subasta con procedimiento para asignación de frecuencias de uso regulado comercial y el concurso para uso regular o comunitario.
“Esto pondría nuevamente en desventaja a medios comunitarios y otros con fines de lucro, frente a los privados comerciales al momento de solicitar concesiones de frecuencia radio eléctrica”, sostuvo Linares.
Otro aspecto es que se podría aplicar a la radiodifusión requisitos que hasta ahora han sido exclusivos para la telefonía, con el objetivo de asegurar calidad a los usuarios que pagan por servicios telefónicos, entre esos requisitos estaría la calidad técnica de las emisiones radioeléctricas.
Dentro del articulado de la propuesta de reforma plantea sustituir el artículo 54-A de la ley actual. El nuevo texto establece a la SIGET como aplicador de mecanismos para comprobar la calidad técnica de las emisiones radioeléctricas, incluyendo la radiodifusión.
“Esto podría derivar en sanciones arbitrarias contra medios radiales y televisivos, por ejemplo, por no tener una calidad técnica”, resaltó Linares.
Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS, planteó que el control de calidad es para las telefonías, ya que muchas de las empresas en lugares alejados o donde hay poca población urbana no se preocupan por dar una buena señal tras no poner alguna antena cerca de la población, pero siempre cobra por el servicio.
Sin embargo, en las reformas se incluye a la radiodifusión, “¿por qué incluir a la radio y televisión en un aspecto que es para la telefonía?, ahí es donde algunas cosas no cuadran, porque uno puede sospechar que lo se que busca es una posible justificación, al decir que alguna radio o televisora no tiene buena señal, entonces, podría ser una excusa para abrirle un proceso de sanción que derive la suspensión de la concesión”.
Y además, hay preocupación por la incorporación de las condiciones de viabilidad jurídica en procedimiento que son estrictamente técnicos, por ejemplo, el artículo 2 de la propuesta de reforma incluye modificaciones al artículo 15 de la ley vigente y establece que en procesos como el de fragmentación de frecuencia, la SIGET determinará la factibilidad técnica y jurídica para poder dar la aprobación.
Además, el Ejecutivo define como “no utilización de frecuencia”, el no realizar transmisiones electromagnéticas en el especto radioeléctrico asignado, para la prestación al usuario final o al público de un servicio de telecomunicaciones, de conformidad a las condiciones y parámetros técnicos de la concesión otorgada, con esto se revierte el concepto de “no utilización de frecuencias”, como el no transmitir información variada y contenido diverso, para evitar acaparamientos del espectro.
ARPAS solicitó a la Comisión de Economía de la Asamblea Legislativa que genere un debate abierto con todos los actores involucrados, especialmente con los concesionarios de frecuencias de radio y televisión, entre estos, los medios comunitarios.
