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Alma Vilches
@AlmaCoLatino
La Mesa de Protección a Periodistas señaló que la reforma al artículo 25 de la Ley de Delitos Informáticos y Conexos puede prestarse para abusos al no poner excepciones, pues no tendría que declarar como información confidencial aquella que por sí debería ser pública y de carácter oficioso; además están poniendo como posibilidad de cárcel al difundir información periodística de interés público.
El presidente de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES), Cesar Fogoaga, expresó estar de acuerdo con dotar de nuevas herramientas y capacidades a la Fiscalía General de la República (FGR) y Policía Nacional Civil (PNC), para investigar casos y particularmente relacionados con informática, sin embargo, lo preocupante es el abuso y las arbitrariedades que puedan hacer con estas investigaciones, ya que la evidencia y cómo se han comportado estas instituciones en el pasado hace desconfiar plenamente de ellas.
“Así como está la reforma es un atentado al quehacer periodístico, debería haber una excepción la cual permita que el trabajo periodístico no este criminalizado, al no haber excluido la investigación periodística justifica el secreto de Estado en la potestad reglamentaria del Ejecutivo. Una reforma de este tipo que no incluya voces diferentes desde la sociedad civil es totalmente excluyente”, reiteró.
Para Fogoaga, otra de las preocupaciones son las reformas al Código Procesal Penal, donde se quiere poner la figura del Agente Encubierto Digital, pues carece de los filtros necesario, tampoco establece el tiempo o en qué delitos puede ser utilizado, de alguna forma se está legalizando el espionaje y prácticas como a inicios de este año, que atenta contra el derecho a la intimidad.
“Como está planteada esta figura sin plazos ni garantías y además no se dice por qué delitos ni por cuánto tiempo, no hay ningún control efectivo que nos haga pensar que no se utilice para arbitrariedades y abusos. Estas reformas serán implementadas por un Estado abiertamente enemigo de la prensa y que espía a los periodistas, con funcionarios quienes han reconocido dar seguimiento a periodistas y quieren controlar sus fuentes”, enfatizó el presidente de la APES.
Asimismo, externó que dichas reformas pueden ser un atentatorio contra el ejercicio periodístico en el país, sería cruzar nuevas líneas y poner por escrito nuevas ilegalidades, así como dar la posibilidad que la persecución a periodistas sea mayor. Por mucho que desde el Estado se quiera pisotear la Constitución todavía está vigente, el artículo 24 prohíbe las intervenciones telefónicas, por lo tanto, las reformas violan la Carta Magna.
Entre tanto, Leonel Herrera, director ejecutivo de ARPAS, pidió el cese de las reformas porque son aprobadas en un contexto donde hay una permanente ofensiva contra el acceso a la información, el ejercicio periodístico y en proceso de desmantelamiento de la institucionalidad; además, exhortó al gobierno a establecer una mesa de diálogo para abordar la temática.
“Es penoso estar constantemente criticando medidas arbitrarias y violatorias de la libertad de expresión e información, desearíamos estar dialogando con las instituciones, presentando las propuestas que tenemos y dialogando, pero lamentablemente este gobierno escoge el camino de no escuchar, no debatir y no tener las opiniones de los involucrados y expertos”, manifestó Herrera.
En lo que va de 2022 la APES registró nueve agresiones hacia periodistas, entre ellos el bloqueo de acceso a la información pública y los hackeos informáticos a teléfonos de periodistas, tal como ocurrió durante los primeros días de enero. El 2021 fue uno de los años con más actos de violencia hacia miembros de la prensa, con 219 casos registrados, algo que ha venido en ascenso pues en 2018, se contabilizaron 65 vulneraciones al ejercicio periodístico, en 2019 fueron 77 y en 2020 un total de 125.
