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Redacción Nacionales
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El Comité de los Derechos del Niño (CRC), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH-CA) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) consideraron que las reformas a la Ley Penal Juvenil y Ley Penitenciaria en El Salvador, es un retroceso a los compromisos asumidos por El Salvador a contar con un sistema de justicia juvenil con enfoque diferenciado, individualizado y especializado.
Las reformas contravienen instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), así como otros instrumentos internacionales, en cuanto al trato y las condiciones a observar para la privación de libertad de personas menores de edad, incluida la detención preventiva y prisión posterior a la sentencia, agregan las organizaciones dependientes de la ONU.
Estos instrumentos internacionales señalan que el encarcelamiento de un niño, niña o adolescente debe ser utilizado sólo como medida de último recurso y durante el período más breve que proceda, solo bajo circunstancias excepcionales, así como que toda persona menor de edad privada de libertad estará separada de las personas adultas y recluida en establecimientos distintos.
Las recientes reformas en El Salvador habilitan que personas menores de edad privadas de libertad, por delitos cometidos en modalidad de crimen organizado, cumplan su detención provisional o pena de prisión en centros penitenciarios de adultos, administrados por la Dirección General de Centros Penales.
“Existen abundantes evidencias de que internar adolescentes en un centro o prisión diseñados para personas adultas pone en peligro su seguridad básica, salud, especialmente en lo que respecta a su desarrollo psicológico y emocional, así como su capacidad para mantenerse en el futuro al margen de la delincuencia y reinsertarse positivamente en la sociedad”, señalaron los organismos internacionales.
Aunque el decreto menciona que los adolescentes estarían en pabellones separados, la administración de los centros pasaría a manos de una entidad que no cuenta con especialización en niñez y adolescencia, y las medidas serían cumplidas en centros originalmente diseñados para personas adultas.
Dichos organismos internaciones mostraron su apoyo técnico para la búsqueda conjunta de soluciones que promuevan el respeto de los derechos que amparan a los adolescentes en conflicto con la ley, en función de lograr su reinserción plena a la sociedad de acuerdo con las normas internacionales.
