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Alexander Pineda
@Alex92DCL
Las reformas a la ley de ahorro para pensiones aprobadas en septiembre de 2017, sigue generando descontento en un amplio sector de la sociedad civil. Este viernes, miembros de más de una docena de sindicatos y organizaciones civiles de distintas zonas del país, marcharon por las calles de San Salvador con rumbo a la Asamblea Legislativa.
Las principales demandas por parte de los manifestantes fueron a la Corte Suprema de Justicia, la resolución de inconstitucionalidad del decreto 787 de la Asamblea Legislativa, referente a las reformas al sistema previsional, al Congreso, exigir al órgano legislativo la conformación de una comisión con alta participación del sector trabajador para la construcción de una reforma integral de pensiones.
También demandaban al parlamento un decreto transitorio, que permita a funcionarias que recientemente llegaron a la edad de jubilación, recibir una pensión bajo la fórmula de cálculo anterior, puesto que fueron obligadas a adherirse a las administradoras de fondos de pensiones al no contar con la edad requerida para ampararse al sistema público disuelto a finales de los años 90s. “En este país hay funcionarios con pensiones de lujo, de hasta 5 mil 800 dólares mensuales, por otro lado, hay un montón de trabajadores con pensiones de miseria; hay algunos que reciben pensiones de hasta 26 dólares mensuales, el sector trabajador no puede seguir cargando con la vida de excesos de la clase política”, manifestó Francisco Zelada, secretario de conflictos del Sindicato de Maestros y Maestras de Educación Pública de El Salvador (SIMEDUCO). El secretario general de Bases Magisteriales, Paz Zetino Gutiérrez, denunció que el 23 de marzo de 2018, en su calidad de ciudadano, presentó una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en contra del pliego de reformas al sistema de pensiones aprobado en septiembre de 2017 y hasta la fecha no existe un dictamen por parte del máximo tribunal de justicia del país.
“Estamos ante una institucionalidad que no funciona para el salvadoreño común, solo funciona para la clase política corrupta. Desde que presenté la demanda, la Corte ha resuelto siete demandas, pero no la de pensiones la Constitución de la República: expresa que todos somos iguales ante la ley; por lo tanto, la institucionalidad no debe estar sesgada en favor de una fracción de la sociedad”, destacó Zetino Gutiérrez.
Opher Soriano, miembro de la Mesa Técnica por una Pensión Digna, afirmó que la gestión del sistema de pensiones debe recaer en un ente público; asimismo, dijo que la reforma 787 buscaba resolver problemas fiscales con fondos de la clase trabajadora, lo que calificó como injusto al tratarse de ahorros de toda una vida de trabajo.
