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Redacción Nacionales
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La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos alertó la tarde de este miércoles sobre «riesgos de criminalización a ejercicios legítimos de la libertad expresión tras reformas legales» en El Salvador, esto debido a las reformas efectuadas al Código Penal que sanciona con cárcel a los medios de comunicación que transmitan mensajes alusivos a pandillas, por lo que llamó al Estado a adecuar dichas legislaciones a estándares interamericanos de Derechos Humanos.
“Las reformas fueron aprobadas el mismo día sin mayor deliberación parlamentaria”, dijo la Relatoría. Justamente el pasado 5 de abril en menos de una noche, los legisladores aprobaron tales reformas que se efectuaron en el contexto de un régimen de excepción vigente desde el 27 de marzo.
El contexto de estas reformas al Código Penal es que se impondrán sanciones de prisión de 10 a 15 años a aquellas personas que elaboren, facilitaren o fabricaren cualquier forma de expresión visual que «explícita o implícitamente» transmita mensajes, señales, denominaciones, propagandas o cualquier tipo de manifestación escrita» que «haga alusión» a las diferentes agrupaciones criminales o pandillas.
De la misma forma, la ley sanciona con la misma escala penal a quienes, por medio del uso de las tecnologías o medios de comunicación, reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados «originados o presuntamente originados» por grupos delincuenciales que pudieran «generar zozobra y pánico» en la población.
Por otra parte, la reforma a la Ley de Proscripción de Pandillas prohíbe expresamente a los medios de comunicación la reproducción y transmisión de mensajes originados por grupos delincuenciales que pudieran «generar zozobra y pánico» en la población.
En ese sentido, la Relatoría consideró que la amplitud y la vaguedad de los términos que se emplean para describir las conductas prohibidas “entran en conflicto con los estándares internacionales que exigen que todo límite a la libertad de expresión esté previsto de manera expresa, taxativa y clara en la ley”.
Agrega que la mencionada ambigüedad de la redacción “dificulta distinguir entre las expresiones sancionables y las que no. Así, por ejemplo, la penalización de cualquier tipo de expresión visual que ´implícitamente´ haga alusión a grupos criminales puede entrar en conflicto con lo que la Corte Interamericana ha señalado respecto de que en la elaboración de los tipos penales es preciso utilizar términos estrictos y unívocos, que acoten claramente las conductas punibles».
De acuerdo con el criterio del Estado, «ninguno de ellos conduce a vaguedad de interpretación, más bien, envían un mensaje de contundencia a las agrupaciones que operan al margen de la Ley sobre los límites de sus actuaciones”.
“El Estado hizo saber a esta oficina (a la relatoría) que las conductas punibles a las que estas legislaciones apuntan ´dista mucho de la labor informativa de los medios de comunicación´. En este sentido, la representación del Estado ha señalado que prueba de ello es que, a la fecha, transcurridos siete días desde que entraron en vigor las reformas, ´los medios de comunicación han continuado realizando publicaciones en diversidad de plataformas y en redes sociales sobre el tema de las pandillas en El Salvador y no ha existido persecución alguna´”, planteó la Relatoría en su comunicado.
Sin embargo, para la Relatoría, las presentes reformas tal como fueron redactadas, “activan riesgos de criminalización severa sobre actividades legítimas en la sociedad y de especial trascendencia para la vida democrática como lo son el periodismo, la defensa de los derechos humanos, la actividad parlamentaria, la investigación académica, entre otras. Todas estas actividades requieren de garantías a la libertad de expresión y en su conjunto contribuyen a que la sociedad esté informada sobre su entorno y pueda participar libremente de las decisiones que la impactan”.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión activará los canales correspondientes con el Estado para exponer en detalle su preocupación, escuchar a la representación del Estado y compartir estándares interamericanos relevantes para abordar la situación aquí expuesta.
