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Licda. Norma Guevara de Ramirios
@guevara_tuiter
La Asamblea Legislativa y más específicamente los diputados y diputadas que finalizan su ejercicio el próximo 30 de abril; tienen el deber de ratificar la reforma al artículo 69 de la Constitución y consignar el derecho humano al agua y a la alimentación en nuestra ley fundamental. Los diputados y diputadas del FMLN hemos estado y estamos de acuerdo con esta exigencia para la vida de las presentes y futuras generaciones, check decease esperamos que diputados de la derecha cumplan su palabra y voten en favor de ratificar el acuerdo aprobado por unanimidad en la legislatura anterior.
A escasas dos semanas de finalizar el período, la oportunidad no puede ser mejor para evidenciar el compromiso con las necesidades vitales de nuestro pueblo y pronunciarse contra mecanismos privatizadores, que son los que esencialmente presionan a quienes un día estuvieron de acuerdo con cumplir este compromiso estatal y ahora niegan sus votos. De la retórica de la derecha, especialmente de Arena, la palabra libertad está siempre presente, pero ahora tienen la oportunidad de demostrar que de verdad creen en ella liberándose de las ataduras de intereses mezquinos que les imponen retroceder y guardar silencio.
Las comunidades organizadas a lo largo y ancho del país, han reiterado la necesidad e importancia de dar este paso en nuestra patria; si de verdad se escucha al pueblo, es imperativo dar el voto y ratificar esta reforma a nuestra Constitución. Instituciones serias y la propia jerarquía de la iglesia católica se han pronunciado en favor de que nuestra Asamblea reafirme estos derechos aprobando la reforma. El FMLN está listo con sus votos para esta aprobación.
En otro orden de reformas el Grupo Parlamentario del FMLN ofreció en su plataforma 2015 – 2018 impulsar una reforma que uniformase los periodos de elección de Concejos Municipales, Diputadas y Diputados a la Asamblea Legislativa con el tiempo que dura el ejercicio de la Presidencia de la República y, en cumplimiento de la misma, presentará al pleno legislativo una propuesta para extender el plazo de tres a cinco años la duración de estas responsabilidades.
La aprobación de un acuerdo de reforma constitucional requiere como mínimo el apoyo a la iniciativa de 10 diputados (as), la aprobación con mayoría absoluta (43 votos), en una legislatura y la ratificación por una mayoría calificada (56 votos) en una siguiente legislatura. Al presentar en este tiempo una propuesta se aspira a una ratificación en la siguiente. De aprobarse la propuesta y ratificarla en la que inicia el 1 de mayo próximo esta norma se aplicaría a partir de 2018.
Con los Acuerdos de Paz se abrió una época nueva, un proceso de desarrollo democrático, sin golpes de Estado; en efecto han tenido lugar 8 procesos electorales legislativos y municipales, cinco presidenciales; se puede entonces, variar uno de los elementos de nuestro sistema político orientado a brindar mayor estabilidad en el ejercicio de las funciones legislativas y municipales. El próximo primero de mayo tendrá lugar un cambio en el régimen político municipal, con la puesta en marcha de concejos municipales integrados pluralmente y sin afectar la capacidad de tomar decisiones del partido o coalición que obtuvo más votos (mayoría simple).
En un recorrido desde 1994 cuando se realizó la primera elección general después de la firma de los acuerdos de paz, hemos avanzado, estableciendo el voto residencial, el voto desde el exterior, el voto preferente en listas desbloqueadas y mayores opciones a la ciudadanía para ejercer el sufragio y para ser electo; en consecuencia se puede resolver lo que se cree quedó pendiente tanto en la promulgación de la Constitución en 1983, en las reformas de 1991 y que nos somete a ciclos electorales reiterados en un mismo año como ocurrió entre el 9 de marzo del año pasado y el 1 de marzo del presente.
La propuesta que se presenta, es un aporte al debate que ha estado a lo largo del tiempo con enfoques de economía para la sociedad, conveniencia para cumplir promesas y usar el aprendizaje de las personas electas.
Se propone desde el FMLN, homologar el tiempo de los funcionarios sujetos a elección popular en cinco años, teniendo la oportunidad de una elección intermedia de cualquier ejercicio presidencial, sin extender a las y los electos el pasado 1 de marzo.
A la vez se propone un artículo transitorio que permitiría que en la elección de 2018 el período se extienda únicamente un año, hasta 2022.
Las dos reformas a la orden, precedidas de debate y fundamento están para la decisión del pleno. Ratificar el derecho humano al agua y a la alimentación, aprobar en primera vez la extensión a cinco años de concejos municipales y diputaciones a la Asamblea Legislativa.
