Diario Co Latino 134 años comprometido con usted
Artículos relacionados
Leonel Herrera Lemus*
Durante las últimas dos semanas se mantiene en medios y redes sociales un fuerte debate sobre las propuestas de reformas a la Constitución de la República elaboradas por el grupo ad hoc liderado por el vicepresidente Félix Ulloa, las cuales serán entregadas al presidente Nayib Bukele en el mes de septiembre, en el marco de la celebración oficial del Bicentenario. El objetivo con este texto es contribuir a una reflexión crítica sobre este proceso proyectado por el oficialismo como la “refundación del país” o la construcción de una “nueva república”.
1. Las propuestas de reformas son -en la práctica- una nueva constitución: 215 reformas modifican más del 90% del texto constitucional. Por tanto, éstas deberían aprobarse en una Asamblea Constituyente que refleje el pluralismo y la diversidad de la sociedad. Si las propuestas se aprueban en esta legislatura ordinaria, el constituyente no será el pueblo, sino el presidente Bukele, quien tiene a sus disposición a una súper mayoría parlamentaria que aprobará la constitución que él desee: una ley primaria a la medida de su vocación antidemocrática y sus delirios autoritarios.
2. Aprobar una nueva constitución (disfrazada de “reformas”) no es una demanda popular ni un “mandato del pueblo” en las urnas, porque no fue propuesta de campaña del partido Nuevas Ideas ni Bukele lo planteó en su plan de gobierno. Más allá de reformas puntuales (sobre agua, alimentación, despenalización del aborto o derechos de la diversidad sexual) la población y sus organizaciones no exigen mayores cambios a la Constitución, por una razón sencilla: más que de reformas constitucionales, resolver muchos problemas que afectan a la gente depende de la voluntad política de las instituciones y funcionarios para implementar las políticas públicas necesarias.
3. El proceso de elaboración de “las reformas” no ha sido participativo ni transparente: el equipo ad hoc dice que recibió propuestas de diferentes sectores, pero nadie sabe cuáles son ni quienes las plantearon. El ejercicio no ha sido deliberativo ni representativo y -por tanto- dista mucho del que se realiza en Chile, donde el proceso constitucional es resultado de la presión popular y no a iniciativa del gobierno.
4. La actitud antidemocrática y el estilo autoritario del gobierno de Bukele lo inhabilitan moral y políticamente para promover cambios sustanciales en el texto constitucional. Es muy difícil creer que un presidente que elimina la separación de poderes, desmantela la institucionalidad, promueve discursos de odio, no tiene escrúpulos para negociar con pandillas, impone su voluntad como un autócrata, violenta la libertad de expresión e información, no rinde cuentas por sus acciones y busca perpetuarse en el poder, quiera reformar la Constitución con fines verdaderamente democráticos.
5. “Las reformas” propuestas incluyen algunas medidas de tipo “progresista” como la ampliación del concepto de familia, la posibilidad de despenalizar el aborto, la no discriminación por sexo o género y el reconocimiento de derechos laborales, probablemente con el propósito de lograr el apoyo de sectores u organizaciones que podrían resultar beneficiadas. Sin embargo, al mismo tiempo, abre las puertas al autoritarismo y a la regresión democrática al quitar la prohibición de partido único, legitimar políticamente a los militares y sugerir la posibilidad de legalizar a grupos armados más allá del Ejército y la Policía.
6. La propuesta de “reformas” toca las llamadas “cláusulas pétreas” e introduce algunos cambios significativos en el sistema político y forma de gobierno. Por ejemplo: crea un “Tribunal Constitucional” independiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y elimina el Tribunal Supremo Electoral (TSE), cuyas funciones serían reasignadas a un “Instituto Nacional Electoral” y una “Sala de lo Electoral”.
7. El pliego de “reformas” conocido públicamente no incluye la reelección presidencial consecutiva y mantiene la alternancia en el gobierno; pero sí reduce a uno los dos períodos establecidos por la Sala Constitucional para que un ex presidente pueda presentarse nuevamente a elecciones. Además, es posible que la reelección consecutiva sea incorporada cuando las propuestas pasen por Casa Presidencial o cuando lleguen al debate parlamentario. Tampoco es descartable que, a petición de algún “movimiento ciudadano”, la “bancada cyan” introduzca dicha propuesta.
8. También existe la posibilidad de que el oficialismo busque aprobar “las reformas” a través de un referendo, aprovechando la alta popularidad de Bukele y para darles “legitimación popular”. De hecho, así lo expresó el vicepresidente Ulloa, pero después se retractó debido al rechazo que esto provocó y “aclaró” que se respetará el actual proceso de aprobación y ratificación de reformas constitucionales en dos legislaturas.
9. “Las reformas” a la Constitución podrían ser el “caballito de batalla” del presidente Bukele y sus hermanos para las elecciones del 2024, tal como advierte el abogado José Marinero, presidente de la fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ). El mandatario pedirá a la población mayoría legislativa para asegurar la ratificación del nuevo texto constitucional.
10. El marco constitucional del país debe actualizarse, mediante reformas o una nueva Carta Magna; sin embargo, por varias de las razones antes mencionadas, la propuesta Ulloa-Bukele no debería ser respaldada por la población. Cualquier cambio constitucional debe apuntar hacia un estado más democrático, un modelo económico equitativo, una sociedad inclusiva y un país no violento; y el proceso de reforma o aprobación debe promoverlo el pueblo, no las élites empresariales ni grupos gobernantes que quieran adecuarla a sus intereses y propósitos.
Al gobierno -especialmente al presidente Bukele- es oportuno recomendarle que, antes de plantearse reformar la Constitución, debería empeñarse en cumplirla, sobre todo las disposiciones que se refieren al fortalecimiento de la democracia, la separación de poderes, el respeto los derechos humanos, al imperio de ley, la instauración de un régimen económico justo y a la responsabilidad presidencial en la promoción de la armonía social, la cultura de paz y la convivencia pacífica. ¡Cumplan esos principios constitucionales, señores; y después hablen de reformas!
*Periodista y director ejecutivo de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS).
