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Por Leonel Herrera*
“Legalizar las ilegalidades” parece ser una consigna o guía de acción del oficialismo. Por ejemplo: cuando organizaciones sociales y el periodismo crítico señalan bloqueos al acceso a la información pública, la respuesta de las instituciones suele ser la creación de nuevas reservas de información que incluye -desde luego- la información que ha sido negada.
Cuando salió a luz pública el escándalo del espionaje contra periodistas y representantes de sociedad civil con el programa Pegasus, la reacción fue reformar el marco legal de las escuchas telefónicas, no para proteger la privacidad de las personas, sino para abrir la puerta al espionaje contra cualquier persona mediante los “agentes digitales encubiertos”. Y el espionaje generalizado se terminó de legalizar con el actual estado permanente de suspensión de garantías constitucionales mal llamado régimen de excepción.
Esta lógica de “legalizar lo ilegal” ha motivado la aprobación de decenas de reformas penales, procesales, administrativas, penitenciarias y de otras índoles aprobadas por la actual legislatura.
En el mismo sentido van las reformas que permitirán a la Fiscalía no individualizar los delitos ni presentar pruebas y que los tribunales realicen juicios masivos con grupos de hasta 900 personas supuestamente pertenecientes a pandillas. Las disposiciones aprobadas hace un par de semanas por la bancada cian y sus acólitos vendrán a legitimar abusos cometidos en el régimen de excepción.
Como bien señala la organización ciudadana SUMAR, las referidas reformas son totalmente inconstitucionales y violentan los aspectos más elementales del debido proceso penal, la independencia judicial y tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado salvadoreño.
(https://twitter.com/SUMARxES/status/1688631482837839872?t=Czg9Az5GHI35qxGa2s6dow&s=08)
Con las cuestionadas reformas, el gobierno autoritario de Nayib Bukele -con la complicidad de sus diputados- avanzan rápidamente en la configuración de una “nueva legalidad” alejada del debido proceso judicial y los derechos humanos consistente en “legalizar lo ilegal”.
En la legalidad de los hermanos Bukele es legal violar derechos de personas inocentes, irrespetar plazos procesales, condenar sin pruebas y hacer juicios masivos en los podrían mezclarse miembros de pandillas con personas inocentes. También es legal el espionaje, negar información pública y otras prácticas que en un régimen democrático serían totalmente ilegales e ilegítimas.
Ojalá más temprano que tarde la población despierte y se levante para revertir esta barbarie.
Periodista y activista
